Aun cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció ayer por la mañana que el ahora extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, sólo había anunciado su renuncia pero no la había formalizado, personal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) clausuró de forma sorpresiva los accesos a su oficina personal.
Durante su habitual rueda de prensa, el titular del Ejecutivo local anunció que Lozano Pérez eligió abandonar su gabinete. Señaló que, hasta ese momento, el ex funcionario no le había entregado su carta de renuncia, sin embargo, su voluntad le fue externada con antelación al director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Julio Miguel Huerta Gómez.
“El secretario Melitón Lozano le dijo al director de Gobierno que durante la mañana entregaba su renuncia a la secretaría… estoy esperándolo, porque yo no he hablado con el secretario, pero ya se comunicó (...) anunciando que va a entregar su renuncia, bueno, cuando la tenga en mis manos tendré opinión sobre ello”, declaró el mandatario.
Lo anterior ocurrió después de que, durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al municipio poblano de Huehuetlán el Chico, un grupo de docentes encabezados por Víctor Manuel Ríos de los Santos, secretario general de Telesecundarias de la D-II-130 –un personaje cercano a Lozano Pérez– y Fidelia Lucila Martínez López, secretaria general de la D-II-86, irrumpió con gritos y reclamos para exigir la homologación de sus sueldos.
Oficina de Melitón Lozano es clausurada pese a ausencia de renuncia
Aun sin ser considerado oficialmente ex titular de la dependencia, un equipo de la SFP arribó a las instalaciones de la SEP Puebla para impedir el acceso a la oficina personal al también exdiputado local, así como la de María del Coral Morales Espinosa, subsecretaria de Educación Obligatoria, según constató esta casa editorial en una visita realizada al sitio.
De acuerdo con lo dicho por un trabajador de la dependencia –quien aceptó declarar bajo la condición de mantener su identidad bajo resguardo–, personal de la Función Pública sólo les indicó que la orden era evitar que hubiera acceso a los despachos, esto con el objetivo de impedir el saqueo de documentación importante.
Las imágenes compartidas a este medio por personal de la SEP muestran diferentes sellos en las puertas principales y traseras de ambas oficinas, los cuales están firmados por el Gobierno del Estado de Puebla, Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación.
Ante este hecho, Morales Espinosa aseguró inmediatamente después que el bloqueo de sus oficinas se trató únicamente de un protocolo, sin que ello represente forzosamente su salida de la dependencia, esto durante la sesión de Consejo Técnico Escolar, encabezada por ella y donde estuvieron presentes directores de nivel preescolar, primaria y secundaria.
“Para que a ustedes no les cause asombro (la clausura) es parte de los protocolos, pero también es parte de las decisiones que se tienen que seguir”, dijo.
A la par, aseguró que temporalmente se habilitó otra oficina dentro de la SEP, en la que se encontrará laborando hasta que se den nuevas instrucciones.
Asimismo, exhortó a los directores de nivel preescolar, primaria y secundaria a que estén pendientes de próximos anuncios respecto a la salida de Lozano Pérez de la SEP, pues afirmó que ello podría implicar la entrega de las secciones escolares que conforman el Consejo.
“La situación es que por protocolo directores de nivel necesitan estar preparados por si se requiere la entrega de sección (…) parece señalar que la renuncia del doctor Melitón fue aceptada, no tenemos mayor información”, precisó.
Cabe recordar que, en su momento, José Guillermo Aréchiga Santamaría, ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), fue sorprendido de la misma forma, cuando personal del gobierno estatal clausuró los accesos a su oficina aun cuando no se había formalizado su salida de la administración todavía.
‘No tratamos con rajones’: Barbosa
El pasado 22 de octubre, durante el acto público conjunto entre López Obrador y Barbosa Huerta en Ayoxuxtla, personal adscrito a la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestó –por quinta vez durante el presente mes– para exigir la homologación de sus sueldos, con los recibidos por los trabajadores federales. No obstante, en esta ocasión interrumpieron con gritos y consignas durante el discurso del mandatario estatal.
Esto sucedió un día después de que los trabajadores educativos firmaron un acuerdo planteado por la Segob, en el cual el Estado poblano se comprometió a hacer el acopio de los poco más de 230 millones de pesos para garantizar el abasto del recurso, durante los próximos dos meses.
Por lo tanto, Barbosa Huerta manifestó su rechazo ante la protesta realizada en el evento con López Obrador, pues recordó que ya había suscrito un acuerdo con los docentes.
“Lo que debemos de entender es que hay que tratar solamente con las directivas sindicales, no con los protestantes inconformes… ya no volvemos a hacerlo, porque, si son de los que firman y después se rajan, yo no trato con rajones, así de simple. El gobierno no trata con rajones”, defendió.
Pese a ello, sostuvo que su administración mantiene el compromiso de reunir la mayor cantidad de recursos para lograr la equiparación de sueldos de trabajadores poblanos, con los dependientes de la Federación.
“La Federación tiene recursos incuantificables, pero los estados no (...) Este pago, de esta compensación para homologar a lo que ya recibieron los maestros federales (...) los estamos juntando y los vamos a juntar, que quede clarito; después de los gritos de 10 o 15 maestros allá en Ayoxuxtla, las cosas siguen igual, yo voy a seguir juntando dinero”, subrayó.
Desencuentros de Lozano con el magisterio poblano
Melitón Lozano se integró al gabinete de Barbosa Huerta desde el inicio de la administración, sin embargo, durante ese periodo fueron varios los conflictos que enfrentó como titular de la SEP. Además de inconformidades y protestas de docentes y padres de familia, las agresiones en centros educativos incrementaron en el último año.
Días después de entrar en funciones, en septiembre de 2019, el exsecretario fue sorprendido por trabajadores de los cinco Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), quienes expusieron que la dependencia no había realizado el pago de sus salarios. En su momento, el ex funcionario defendió que las retribuciones de ese personal eran injerencia del gobierno federal, no obstante, se trataba de una responsabilidad conjunta.
En noviembre de ese mismo año, profesores del sistema educativo federal montaron una efusiva protesta a las afueras de la SEP Puebla, también por la falta de pagos. En ese entonces, el atraso en las remuneraciones fue de hasta tres meses, según documentó El Sol de Puebla.
Tras la llegada de la pandemia de Covid-19, en 2020, el magisterio poblano expuso que la dependencia estatal no logró dotar de recursos materiales suficientes para el desempeño de sus labores a distancia. En la entidad, las secciones 51 y 23 elevaron sus protestas para pedir equipo de cómputo, además del fortalecimiento de las condiciones de accesibilidad a internet, entre otras cosas.
Al año siguiente, integrantes del sector educativo en Puebla responsabilizaron al funcionario de modificar las condiciones del programa “SEP te da el aventón”, afectando directamente a los trabajadores. Esta estrategia fue implementada con el objetivo de brindar una opción de transporte gratuita al personal, sin embargo, sus corridas fueron alteradas y el servicio se brindó en horarios poco convenientes.
Aumenta tensión en 2022
Empero, durante el presente año, la dependencia estatal afrontó una escalada en el número de protestas de docentes y padres de familia, incluida las más recientes movilizaciones de la SNTE en Puebla.
En julio pasado, la SEP comenzó un ambicioso proceso para auditar las plazas de "Profesor Titulado Tiempo Completo C", esto debido a que, según expuso el gobernador, eran asignadas a familiares de líderes magisteriales y a cambio de favores políticos.
Esta acción generó el descontento inmediato del sector educativo, el cual expuso, a través de su representación sindical –la SNTE–, su descontento ante la medida, ya que se indicó que los requerimientos para ostentar ese escalafón eran incluso superiores a las del puesto de titular de la SEP, por ejemplo.
Entre los requisitos se encontraban, contar con el grado académico de doctorado en el rubro pedagógico, ser miembro de un colegio o academia, demostrar las credenciales que acrediten el conocimiento de, al menos, dos lenguas extranjeras y haber publicado investigaciones en beneficio del Sistema Educativo Nacional, entre otros.
A esto se le suma que en junio pasado, la SEP Puebla despidió de forma injustificada a un hombre de nombre Norberto Loranca, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo en la zona 02 de bachilleratos. A decir del afectado, quien padece síndrome de Guillain-Barré, personal de la dependencia ejerció acoso institucional hacia él, obligándolo a firmar papeles “en blanco” en contra de su voluntad.
Aunado a lo anterior, tal como lo expuso El Sol de Puebla, en lo que va del presente año han sido reportados por lo menos 19 incidentes de violencia suscitados en recintos educativos poblanos, de los cuales nueve han sido casos de abuso sexual cometido contra niñas, presuntamente perpetrados por trabajadores de las propias instituciones.
Del mismo modo, destacó el escándalo suscitado por el caso de Aldo Clavel, un joven de 17 años que se quitó la vida a consecuencia del hostigamiento ejercido por su profesora de matemáticas, quien laboraba en el bachillerato Octavio Paz, institución dependiente de la SEP Puebla.
Finalmente, cabe mencionar que, durante octubre, el número de protestas aumentó, pues, además de las cuatro manifestaciones realizadas por personal de la Sección 51 de la SNTE en la capital del estado, a inicios de mes, un grupo de profesores de educación física exigió a la SEP Puebla aumentar sus horas laborales, así como mejores salarios y mayor transparencia en el otorgamiento de plazas.