Tras la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desestimar el recurso contra la Reforma Judicial, académicos y litigantes de Puebla expresaron su preocupación sobre las implicaciones que tendrá esta resolución en el sistema de justicia del país. A su juicio, ya no habrá contrapesos, no habrá división de poderes y no habrá estado de derecho.
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Simón Hernández León, académico de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto. En su análisis, destacó que la SCJN con esta desestimación, no sólo dan paso a la reforma judicial, sino otras reformas como la militarización del país, que han generado polémica por supuestamente atentan contra los derechos de la ciudadanía.
"Se termina por validar la reforma judicial y, con ella, se cierra el paso a otros posibles cambios que se propongan, como la militarización. Este es un golpe directo a la división de poderes, ya que el proceso de nombramiento de jueces podría depender cada vez más de la inclinación política del gobierno en turno", señaló Hernández León.
El académico también expresó su preocupación sobre la posible "concentración de poderes" que trae consigo la reforma.
Esto generará que se elijan jueces afines al poder, lo que pone en riesgo la independencia del poder judicial y la calidad de las decisiones judiciales afirmó.
A su vez, mencionó que uno de los efectos inmediatos de la reforma será la reducción de la calidad de la justicia en áreas como lo familiar, mercantil y otras especialidades, dado que los nuevos jueces podrían carecer de la formación adecuada, lo que afectaría la imparcialidad y la justicia de sus fallos "Los jueces podrán tomar decisiones por impulso político, no por principios jurídicos o en defensa de los derechos humanos. Es un paso atrás en la consolidación de la democracia", añadió.
En un análisis complementario, el académico de la facultad de Derecho en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Eder Vásquez Espinosa, advirtió sobre las consecuencias prácticas de la reforma, destacando que el proceso legislativo que aprobó esta reforma careció de transparencia y reglas claras de votación. Señaló también que los ciudadanos se verán limitados en sus derechos de acceso a la justicia, pues en un futuro, si el Congreso aprobara una ley inconstitucional, los jueces podrían abstenerse de frenar dicha ley por su cercanía al gobierno en turno.
“Imaginemos que el Congreso aprueba un nuevo impuesto que es claramente inconstitucional. Lo llevan a juicio, meten amparos y si el juez encargado del caso está alineado políticamente con el gobierno, es muy probable que no haga nada para frenarlo”, explicó el académico.
Si bien, con lo que ocurrió en la Suprema Corte ya no hay impedimento legal para la elección de ministros, jueces y magistrados en 2025. Recordó que magistradas y magistrados de la Ciudad de México interpusieron amparos en organismos internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que aún hay “una pequeña esperanza” de que se pueda revertir la Reforma al Poder Judicial de la Federación.
Julio Lozano, litigante y académico del Instituto de Ciencias Jurídicas, coincidió en que la resolución de la SCJN podría tener efectos nocivos sobre la independencia judicial. En su opinión, la reforma hará que los ciudadanos tengan menos acceso a la justicia l, ya que los amparos y otros mecanismos legales de defensa podrían verse restringidos por los acuerdos políticos de los jueces.
La reforma ya ha sido aprobada, y los votos necesarios para detenerla no fueron alcanzados. Esto dejará al ciudadano con pocas opciones de defensa. La preocupación es que los nuevos nombramientos de jueces no se basen en el mérito y la experiencia, sino en su cercanía al poder comentó Lozano.
Agregó, al igual que Vásquez Espinosa, que las impugnaciones a nivel internacional, como las que han sido promovidas por jueces y organismos de derechos humanos, aún podrían retrasar su implementación, aunque consideran que las posibilidades de que prosperen son mínimas. La incertidumbre sobre la implementación de la reforma queda abierta, pero con pocas opciones de revertir el impacto que tendrá sobre el sistema judicial del país.
Desde su óptica, si la toma de decisiones está centralizada en un solo ente, existe el riesgo de que el acceso a la justicia se vuelva desigual. Algunas personas o grupos pueden recibir un trato preferencial mientras que otros, especialmente los más vulnerables, pueden verse marginados. Esto puede acentuar las desigualdades sociales.
Asimismo, opinó que un sistema judicial eficaz y democrático debe ser independiente, imparcial y estar sujeto a un control adecuado para garantizar la justicia para todos. La concentración del poder judicial en una sola persona puede comprometer esos principios, y abrir la puerta a prácticas autoritarias, corruptas e inequitativas.
