Tres años después de haber sido absuelto por los delitos de obstrucción a la vía pública y menoscabo a medios de transporte, el activista Miguel López Vega, que se ha dedicado a la defensa del agua y territorio en la región de Juan C. Bonilla, y quien ha denunciado ser víctima de persecución política por parte del Estado poblano, será nuevamente juzgado por esos mismos presuntos ilícitos.
En enero de 2020, durante el mandato del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, López Vega fue acusado por presuntamente haber afectado la construcción de un colector de aguas residuales, por haber dañado las vías de comunicación y por, supuestamente, detonar una bomba molotov contra un vehículo.
No obstante, la justicia poblana lo absolvió entonces por dos delitos, y dejó vigente únicamente el de ataque a las vías de comunicación.
Ahora en 2023 el activista fue notificado de la reactivación del enjuiciamiento en su contra, y será el próximo 29 de marzo cuando el Poder Judicial de Puebla celebre la primera audiencia en este nuevo proceso. La autoridad responsable de formular la demanda fue la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), precisó el activista.
Por esa razón, López Vega, en conjunto con agrupaciones civiles nacionales e internacionales, convocó este domingo 26 de marzo a rueda de prensa para pronunciarse contra esta serie de acciones legales. En primer lugar, aseguró ser víctima de persecución política por parte del Estado poblano, e indicó temer por su integridad y la de su familia.
Reclamó que actualmente ninguna empresa ni fábrica está siendo juzgada por la contaminación de los diversos afluentes que componen la cuenca del Alto Atoyac, tal es el caso del río Metlapanapa.
“Actualmente no hay nadie perseguido o juzgado por contaminar los mantos acuíferos y los ríos. Los humanos somos gotas de agua. Somos más de 60 por ciento agua. [Por ello], al defender el agua estamos defendiéndonos a nosotros mismos”, resaltó López Vega.
Por su parte, Jessica Cóyotl, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, señaló que el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tiene la obligación de detener los actos de acoso judicial que fueron iniciados en la gestión de Barbosa Huerta, y reactivados en 2023.
Por esa razón, señaló que diversos colectivos pedirán al mandatario estatal establecer una mesa de diálogo con los activistas de la región, esto con el objetivo de dar fin a la persecución del activista, pero también para establecer un compromiso a nombre del Estado, en el que se garantice que no habrá más juicios políticos.
Alerta ONG mundial de violaciones a DDHH
Representantes de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) acudieron al acto convocado por activistas poblanos, e indicaron que la comunidad internacional observa con preocupación la reactivación del juicio contra López Vega.
De forma específica denunciaron que la judicialización contra el activista, por parte del Estado poblano, constituye actos de hostigamiento y represión contra la protesta ciudadana.
Finalmente, cabe recordar que López Vega fue conocido en 2020 como el primer preso político de la llamada Cuarta Transformación en Puebla. Lo anterior debido a que fue acusado por la administración del Ceaspue, de los delitos previamente mencionados, y por los cuales fue aprehendido como medida cautelar.
El caso atrajo la atención del gobierno federal y el activista fue beneficiado con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el cual sigue vigente hasta este momento. El entonces secretario de Gobernación, David Méndez, influyó en la liberación de López Vega, y aseguró que el gobierno de Barbosa Huerta no tuvo nada que ver en la aprehensión