Una demanda por 200 millones de dólares contra el gobierno de México, emprendió la minera canadiense Almaden Minerals Ltd., luego de que le fueran canceladas las concesiones de exploración en la Sierra Norte de Puebla, y se le impidiera continuar con el proyecto Ixtaca, mediante el que pretendía explotar una veta de oro y plata en territorio de Ixtacamaxtitlán.
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La demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial, a fin de solicitar el arbitraje del organismo internacional, ante lo que considera violaciones al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), suscrito por México en 2018 y que busca la integración comercial de los países miembros y garantiza, entre otros aspectos, la protección básica de las inversiones y trato de nacional.
De acuerdo con la minera canadiense, México ha violado sus obligaciones a través de acciones que bloquearon el desarrollo del proyecto Ixtaca y finalmente rescindió retroactivamente las concesiones minerales de la compañía, causando la pérdida de las inversiones de la compañía en México.
Fue en febrero de 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a petición de la comunidad indígena de Tecoltemi que se opuso al proyecto, suspendió las concesiones, al considerar “insubsistentes” los permisos otorgados en 2003, esto bajo el argumento de que no se realizó una consulta pública con la comunidad antes de otorgar los permisos federales.
La resolución, fue secundada en julio del mismo año, cuando la Secretaría de Medo Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía (SE) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidieron cancelar las concesiones otorgadas 19 años antes a la empresa canadiense para explorar en la zona, al señalar que ocasionaría "graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos". A pesar de iniciar un litigio ante instancias mexicanas, en abril de 2023 un juez determinó cancelar definitivamente los permisos a la canadiense.
Fue el pasado 14 de marzo de 2024, cuando Almaden Minerals y su filial de exploración Almadex Minerals Ltd. entregaron al gobierno mexicano una notificación de intención de someter una reclamación de arbitraje, conforme al CPTPP. Esta reclamación se dio luego de una solicitud de consultas enviada el 13 de diciembre de 2023, la cual quedó sin respuesta por parte de las autoridades mexicanas.
La demanda fue informada mediante un comunicado publicado el pasado 27 de junio por Almaden Minerals Ltd. desde sus oficinas centrales en Vancouver, Canadá, y firmado por su presidente, Duane Poliquin, quien consideró que:
Claramente, este no es un resultado deseable para nuestro tremendo descubrimiento (…) lamento en gran medida este resultado para la población local, con quienes hemos trabajado muy estrechamente durante las últimas dos décadas, y quienes se han convertido en nuestros amigos. Ahora no ganarán nada con el proyecto Ixtaca desarrollado y diseñado con su ayuda.
El proyecto Ixtaca
La compañía minera había detectado en 2010 la presencia de importantes mineralizaciones en la zona, confirmando en 2018 la existencia de un tajo de oro y plata de 73.1 millones de toneladas de mineral, con una producción anual promedio de 108,500 onzas de oro y 7.06 millones de onzas de plata durante los primeros 6 años. Los trabajos de extracción se prolongarían durante 14 años.
De acuerdo con las estimaciones de la compañía, si el proyecto hubiera continuado, las contribuciones económicas incluirían aproximadamente 600 empleos durante el pico de construcción y 420 empleos durante los 11 años de vida útil de la mina.
Respecto a los cálculos financieros, con base en los precios actuales de los metales, el proyecto podría haber generado aproximadamente 130 millones de dólares en impuestos federales, 50 millones de dólares en impuestos estatales y 30 millones de dólares en impuestos municipales y proporcionar infraestructura carretera, agrícola y de represas para la región.
Destinan 9.5 millones de dólares para demanda
Para financiar la demanda, Almaden Minerals otorgó un préstamo en oro a Almadex (su filial de exploración) por 9.5 millones de dólares. Este financiamiento cubrirá todos los costos legales, judiciales y de expertos externos, así como algunos gastos operativos corporativos. Además, la empresa ha acordado una extensión del vencimiento del préstamo hasta el 31 de marzo de 2030, o hasta que se reciba cualquier monto relacionado con las reclamaciones legales contra México. Esto, al contemplar un litigio de al menos cinco años.
De concretarse un fallo a favor de la minera canadiense, lo que se espera tarde por lo menos unos cinco años, el gobierno mexicano debería regresar las concesiones a la minera o pagar al menos los 200 millones de dólares reclamados, más los gastos del litigio; esta cifra superaría los 3.6 billones de pesos, al tipo de cambio actual en México.
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