Bajo ninguna circunstancia, la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, podrá iniciar operaciones en el municipio de Ixtacamaxtitlan, toda vez que no se ha realizado aún la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para consensuar el otorgamiento de una concesión a esa compañía.
Luego de que ejidatarios y activistas comunitarios que habitan en las cercanías del terreno que hoy es ocupado por la empresa transnacional, denunciaron que el supuesto retorno de actividades de la minera podría agravar la estabilidad social del municipio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que la corporación no tiene ningún permiso para realizar cualquier actividad de búsqueda y extracción en la zona.
En conferencia de prensa desde Casa Aguayo, el mandatario estatal recordó este miércoles que la resolución que la Primera Sala de la SCJN emitió en febrero pasado no ha sido atendida aún, es decir, la Secretaría de Economía federal no ha convocado todavía a una consulta con las comunidades indígenas y ejidatarios de la zona para poder conocer sus sentires respecto a la instalación de Almaden, una organización con sede en la ciudad de Vancouver, Canadá, en su comunidad.
“No se ha llevado a cabo ni la consulta que la Corte ordenó para poder revisar si se otorga nuevamente la concesión de la minera, así es que no puede entrar en la minera sin que se lleven a cabo todos los procedimientos legales para otorgar esta concesión. Hoy no hay concesión”, recalcó.
Por lo tanto, calificó que las denuncias ciudadanas carecen de sustento pues no hay forma de que la minera canadiense lleve a cabo cualquier tipo de actividad en la zona: “Esa noticia es absolutamente sin sustento, de que quieren iniciar actividades ¿cuáles actividades? No, ninguna”.
No hay que olvidar que, el máximo tribunal de justicia de la nación resolvió el amparo 134/2021 en favor de que la comunidad y propietarios del ejido Tecoltemi participaran activamente en una consulta para determinar la viabilidad de un proyecto minero en la zona. Esta acción dejó infundados los permisos que la transnacional obtuvo desde 2003 para la exploración de la mina.
A propósito, no debe pasar desapercibido que, según datos del gobierno federal, durante la última década incrementaron en 100 por ciento las solicitudes de empresas provenientes de otros países para explotar el suelo poblano. Además de Canadá, estas compañías están basadas en China, Estados Unidos y Perú.
Acusa Gobernador hipocresía de activistas medioambientales
En otro orden de ideas, Barbosa Huerta aseguró que los representantes de organizaciones no gubernamentales basadas en el cuidado del Río Atoyac son los mismos que contaminan el afluente. Mencionó también que las acciones de estos grupos nunca sirvieron y que el único acto útil fue el de su gobierno, el de pactar la regularización de empresas textileras en la colindancia con el cuerpo hídrico.
“Esta acción que estamos tomando nosotros para recuperar el Atoyac, es la única principal acción que se ha tomado en la historia esta de la lucha para poder recuperar al Atoyac, nada de las organizaciones de ‘salvemos al Atoyac’, ‘armemos una rifa de no sé qué cosa’, ‘un baile de graduación del Atoyac’, esas cosas nunca sirvieron de nada”, expuso.
Acusó además que los propietarios de viviendas particulares se encuentran entre los principales responsables de la polución de ese río y dijo que son los mismos integrantes de esas agrupaciones civiles “y sus esposas” los que contribuyen al deterioro de ese espacio.
“Quienes contaminan son los privados, puede ser que algunos privados que contaminen formen parte hasta de las organizaciones de salvemos al Atoyac, o las esposas de ellos (...) parte de esas organizaciones de salvemos al Atoyac, sus industrias, no tienen permisos, no tienen ningún mecanismo para poder hacer sus descargas contaminantes, menos plantas de tratamiento”, apuntó.
No obstante, insistió en que su administración hizo el cambio que el afluente necesitaba y por fin será limpiado el afluente, pues dijo que las empresas textiles ahora tienen el compromiso de mejorar sus procesos de tratamiento de aguas residuales y regularizar sus condiciones legales.
Adelantó que muchas compañías no cumplirán con ese cometido, sin embargo, dijo que su gobierno no dejará de clausurar los establecimientos que incumplan con el mismo.
Finalmente, acusó que, durante años, los tres niveles de gobierno fueron omisos sobre la instalación de empresas fuera de la norma en las periferias del Atoyac, lo cual causó un mayor deterioro de sus aguas.
“¿Saben quién les permitió el funcionamiento así? Las autoridades municipales, estatales y federales, todos, porque eran círculos de privilegio, [era] el mundo feliz. Esa es la realidad que se vivía en Puebla, ya no. Esperen a que me vaya, a lo mejor llega alguien que sí les vuelve a restituir todos esos privilegios, que se llama, ¿saben qué? Mundo de la hipocresía. No volvamos a hacer así a Puebla, por favor”, remató.