Los concesionarios del transporte público que no cumplieron con el programa de verificación vehicular buscan librar la sanción de dos mil pesos a través de la regularización voluntaria de 311 pesos, esto a pesar de que tuvieron nueve meses y medio para cumplir con este trámite que pretende reducir los índices de contaminación en Puebla.
La justificación de los representantes del transporte público consultados por esta casa editorial es que todavía arrastran la modernización de sus unidades y el cambio de placas, pendientes que desestabilizan sus finanzas.
En la primera etapa de verificación vehicular el 37 por ciento del parque vehicular destinado a la movilidad pública en territorio poblano no cumplió con este programa que tiene como finalidad mejorar las condiciones ambientales, según informó la titular de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Beatriz Manrique Guevara, en conferencia con medios de comunicación realizada el 1 de agosto.
Representantes de la Ruta 8, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, compartieron que el cinco por ciento de las unidades aún están pendientes de concretar este programa obligatorio.
Justificaron que esto se debe a que los concesionarios están realizando el emplacamiento para poder programar su verificación, actividad que representa un gasto que no tenían contemplado y les imposibilita hacer otras inversiones, esto a pesar de que no es un requisito obligatorio.
“Es algo ilógico que nos pidan la verificación cuando les estamos demostrando que apenas estamos haciendo el emplacamiento. Los concesionarios no tienen tanto dinero como para hacer todo de un jalón, entonces están priorizando pagar la multa de 311 pesos y no pagar los dos mil pesos”, mencionaron.
Agregaron que, hasta el momento, los transportistas no han sido detenido en los operativos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y confiaron en que esto continúe hasta que logren cumplir en su totalidad, aunque no estimaron una fecha.
Por su parte Francisco, conductor de la ruta 72, platicó que aún no logra verificar la unidad que maneja, ya que el concesionario aún no cumple con “tener la documentación en regla”, pero no es el único, ya que, de las 40 unidades en funcionamiento, solamente diez cuentan con su holograma.
Reveló que ya fue detenido durante uno de los operativos que emprende el gobierno estatal, pero únicamente le recordaron que el plazo ya venció y, a pesar de no tener el holograma vigente, no fue detenido.
Finalmente, precisó que es obligación del concesionario cumplir con la verificación, por lo que desconoce si recurrirá a la multa voluntaria o cuál será el siguiente paso. “El concesionario está tratando de poner en regla y en orden a las unidades, pero no sabemos cómo le va a hacer, si va a pagar la multa voluntaria, habrá prórroga o qué va a pasar”, opinó.
En tanto que Samuel Méndez, representante de la Unión de Transportistas, compartió a esta casa editorial que, de los seis mil vehículos que forman parte de este grupo y que circulan en la capital únicamente dos mil 500 cumplieron con este programa en materia de medio ambiente, es decir, aún quedan pendiente 58.3 por ciento.
En este sentido, comentó que los concesionarios le comentaron que optarán por el pago de multa voluntaria para poder seguir circulando sin contratiempo al menos durante un mes, vigencia de este “permiso”.
Se sumó al argumento de que los transportistas aún tienen pendiente el tema de la modernización de las unidades, situación que les impide cumplir con este programa, toda vez que remodelar sus vehículos es costoso y los limita a emprender otras obligatoriedades.
Por último, consideró oportuno que este programa se realice de forma anual, con el objetivo que, tanto servicio público como privado, puedan cumplir con este programa sin excusas ya que el gasto sólo se haría una vez.