La legisladora panista Mónica Rodríguez Della Vecchia se sumó a las críticas en contra de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al señalar que se busca el “adoctrinamiento” de las infancias.
“Además de errores ortográficos, hay una clara intención de adoctrinamiento sobre temas comunistas y pareciera que en este último año de mandato del presidente López Obrador está echando su último resto para llevar a México a una dictadura, pero no va a poder”, declaró en entrevista.
La también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local criticó que la mayoría del contenido de estos nuevos libros de texto gratuitos dejan de lado la educación de las nuevas generaciones del país, pues insistió que se busca adoctrinar a los menores de edad, además de que tiene errores ortográficos y de contenido.
“Estamos viendo errores en fechas de nacimiento, cómo podemos decir que protegemos a la niñez y adolescencia, si estamos permitiendo que se distribuyan estos libros de texto que no tienen una intención de que los niños aprendan, más bien un adoctrinamiento y con errores”, manifestó.
La militante del Partido Acción Nacional (PAN) consideró oportuno que los representantes de las 32 entidades federativas detengan la distribución de este material, mientras que se desahogan los procesos legales, pues comentó que es la única forma de privilegiar una educación de calidad para la población estudiantil.
“Independientemente de que el presidente sea de su mismo partido, creo que hay una responsabilidad mayor que es proteger a la niñez y darles una educación de calidad, esperemos que, en este momento, se frene la distribución en lo que se determina qué va a pasar legalmente”, precisó.
El 17 de agosto, la bancada panista decidirá si solicita la comparecencia de auditora
En otro orden de ideas, Mónica Rodríguez adelantó que la bancada de su partido en el Congreso local decidirá hasta el 17 de agosto, cuando termina el receso legislativo, si solicita de manera formal la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, con la intención de esclarecer las irregularidades financieras dadas a conocer en los últimos días.
Aclaró que no sólo se debe llamar a comparecer, también aplicar sanciones en contra de los responsables de provocar “los desfalcos”, entre ellos los responsables del adeudo fiscal de 722.3 millones de pesos en el gobierno del fallecido Luis Miguel Barbosa Huerta.
Ejemplificó que el 26 de junio, Teresa Castro Corro renunció a la Secretaría de Planeación y Finanzas tras reconocer la fallida inversión de 604 millones de pesos en Accendo Banco, pero no han existido consecuencias.
“Todo el Congreso está cerrado y de regreso tendremos que tomar algunas acciones, ya veremos qué otras bancadas quieren pedir estas cuentas; pero, sin duda, se tiene que esclarecer y llegar a sus últimas consecuencias, no nada más es separarse del cargo”, expuso.
Finalmente, la legisladora reiteró en que se debe aplicar la ley en todos los casos de irregularidades financieras de administraciones pasadas, dadas a conocer por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, ya que, desde su perspectiva, ese dinero pudo ser destinado para obras en favor de la sociedad.
