Movimiento Poblano por la 4T se opone a la verificación vehicular para trabajadores del campo

Integrantes del Movimiento Poblano por la 4T, entre ellos trabajadores del campo y comerciantes, se pronunciaron en contra del proceso de verificación vehicular en la ciudad de Puebla.

Compartieron que, si bien este programa tiene buenas intenciones a favor del medio ambiente, su obligatoriedad afecta a los trabajadores de las zonas rurales del estado, pues este sector no cuenta con los recursos suficientes para pagar dichos requerimientos.

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“Por eso existen expresiones de rechazo a estas políticas, porque los precios para poder verificar son elevados y no corresponden a las posibilidades económicas de los productores”, manifestó Marcelino Andrade Rubio, trabajador del campo.

Los inconformes aseguraron que la mayoría de transportes que utilizan para mover su mercancía son modelo 1980, por lo que, cuentan con altas posibilidades que de sus vehículos no pasen la verificación y tengan que invertir las ganancias de su oficio en reparaciones.

“Nuestros vehículos están muy atrasados y no podemos dejar de usarlos, esto nos va a afectar demasiado porque nuestros productos del campo están muy baratos, para poder pagar necesitamos buenos rendimientos, pero no los tenemos”, subrayó por su parte el comerciante Martín Román Crisanto.

Lo quejosos consideraron que, de realizar el proceso, las principales fallas que pueden encontrar en sus vehículos estarán en los sensores del motor, los inyectores y el catalizador, piezas que, desde su punto de vista, son difíciles de reemplazar con sus ingresos.

Es por ello que, solicitaron entablar una mesa de diálogo con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con el fin de adecuar este programa de acuerdo con las posibilidades económicas de la población en las zonas rurales.

No obstante, los inconformes amagaron con realizar manifestaciones pacíficas de no recibir una respuesta favorable a su petición, en donde, se sumarán con más agrupaciones en contra de este programa, quienes presuntamente realizarán la toma simbólica de alguna dependencia estatal como forma de protesta.