Debido a que rechazó firmar su renuncia cuando presuntamente se lo exigieron, y que la empresa para la que trabajaba se negó a despedirla formalmente, Jazmín Venus Ortiz Nocedal exigió a la compañía Alorica, una multinacional enfocada en brindar servicios de atención telefónica al cliente con oficinas en Puebla, el pago de sus salarios caídos desde 2020 por un monto cercano a los 150 mil pesos.
En entrevista con El Sol de Puebla, la mujer afectada, quien a pesar de ser originaria de la capital del país ha residido la mayoría su vida en la entidad poblana, denunció que la empresa pretendió despedirla de forma aparentemente injustificada hace cuatro años, en el clímax de la pandemia por Covid-19.
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“Me decían que firmara un papel donde me daba de baja voluntaria para que después pudiera regresar a trabajar con ellos, pero les dije que no estaba dispuesta a firmar mi renuncia hasta no conocer el monto de lo que pensaban pagarme (…) pero me daban un cheque que no cubría ni mi sueldo caído, ni mi caja de ahorro ni mis vacaciones”, sostuvo.
Ortiz Nocedal relató que, hasta junio de 2020, ella laboraba como agente bilingüe de servicio al cliente para una compañía en Estados Unidos conocida como Doordash, que se enfoca en realizar repartos de comida a través de una aplicación móvil.
No obstante, en ese momento sus jefes en las oficinas de Alorica en Puebla decidieron retirarle el acceso a la plataforma mediante la cual debía conectarse diariamente para recibir las llamadas telefónicas. Lo anterior, enfatizó la mujer, ocurrió durante 15 días seguidos, pero sin ofrecerle una explicación al respecto.
Inicialmente le aseguraron que le pagarían los días de espera, pues le argumentaron que la decisión de mantenerla fuera de la campaña para la que laboraba era ajena a los ejecutivos de Alorica. Inclusive le pagaron unos días hasta que llegó la próxima quincena y su pago no llegó.
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Posteriormente, Ortiz Nocedal fue citada a las oficinas de la empresa, situadas en la Plaza América, en la ciudad de Puebla. En ese momento le pidieron firmar un documento, aparentemente una carta de renuncia, pues le informaron que Doordash ya no deseaba laborar con ella.
“En recursos humanos me dijeron que me tenían que dar de baja, porque el cliente ya no me quería en la campaña, supuestamente porque habían bajado mis métricas, en cuanto a mis llamadas, pero era porque tuve algunas fallas con mi servicio de internet”, declaró la afectada.
Ante esa situación, la mujer contestó diciendo que podría esperar a otra empresa, debido a que Alorica tiene una cartera de clientes diversos, o bien podrían despedirla conforme indica la ley, lo cual contempla el pago de una liquidación, además de los sueldos laborados.
La compañía se negó a aceptar cualquiera de las dos opciones y solamente le ofreció un pago de 8 mil pesos, el cual, según Ortiz Nocedal, apenas cubría los salarios laborados y un monto de la caja de ahorro en la cual estaba inscrita. Además, la condición para recibir el cheque era firmar el documento que inicialmente se propuso. La mujer, de 41 años de edad, se negó a ello.
“Me dijeron que no había chance de meterme a otra campaña porque no había una disponible para mí y que por eso tenían que darme de baja. Yo les dije que podía esperar o que me dieran de baja conforme a la ley”, expuso.
Frente a ese contexto, la afectada inició un procedimiento ante la Junta Especial Número Tres, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla. La demanda principal de Ortiz Nocedal es el pago de 149 mil 075 pesos y 25 centavos.
“Por mi respuesta me empezaron a amedrentar diciéndome que no me iban a contratar en otra empresa, ni que iba a conseguir otro trabajo en la pandemia. No me pareció justo y preferí litigar mi caso”, apuntó.
Este monto, afirmó la quejosa, contempla la indemnización laboral, así como las primas de antigüedad, vacacional, dominical, aguinaldo, vacaciones y sueldos caídos.
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Para finalizar, es importante recalcar que esta casa editorial buscó en repetidas ocasiones la postura institucional de Alorica, cuya sede se encuentra en la ciudad de Irvine, Condado de Orange, California. Pese a que se entabló comunicación con la vicepresidenta de Comunicaciones Globales, Sunny Yu, al momento no existe un comentario oficial sobre el caso. No obstante, se mantiene abierta la posibilidad de recibir un posicionamiento al respecto.
