Falta de capacitación, reconocimiento del delito, así como voluntad por parte de los servidores públicos que tienen a su cargo la aplicación de la ley vicaria, son parte de los rezagos que dejaron las autoridades para este 2023 y que las mujeres víctimas de este tipo de violencia les exigen cumplir para el siguiente año.
En entrevista con este medio, Andrea Lezama, líder de la Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, recordó que, en julio del 2022, los diputados locales de Puebla avalaron tipificar como delito la violencia vicaria y con ello sancionar hasta con casi 11 años de cárcel a los varones que utilicen a sus hijos como instrumento para causarle daño a la mujer.
Con ello, Puebla se convirtió en la quinta entidad en tipificar esta violencia, le antecedió el Estado de México, Zacatecas, Hidalgo y Yucatán. En aquel momento, las activistas celebraron el logro, pero con el tiempo, se dieron cuenta que fue “letra muerta”, ya que muy pocos casos se han catalogado como tal y muy pocos han procedido con la carpeta de investigación.
Ante este panorama, Lezama dijo que para cerrar este 2023 las autoridades les fallaron en varios puntos, pero principalmente en la falta de capacitación y voluntad por parte de servidores que interactúan con las víctimas, desde ministerios públicos, psicólogos o peritos. Ya que, al llegar a denunciar este tipo de ilícito, lo desconocen y hasta persuaden a las mujeres para que no denuncien.
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De igual modo, Andrea indicó que sigue existiendo la revictimización, tanto para ellas como para sus hijos, pues a muchas de las víctimas las hacen vivir su historia una y otra vez. En suma, las culpan de la situación que están viviendo, cuando las autoridades deberían de ser imparciales.
“Esperamos que para este 2024 la cifra de violencia vicaria disminuya y que las autoridades generen acciones para prevenir y erradicar esta violencia tan cruel, que muchas madres y sus hijas o hijos, sufren. También es importante resaltar que hemos tenido avances en la visibilización de la violencia vicaria, puesto que ya las autoridades reconocen el término y la lucha que hay detrás”, reconoció.
Andrea y la Colectiva que representa, desean que no haya más madres separadas de sus hijas e hijos, que sean escuchadas y no revictimizadas. También que exista mayor sensibilidad en general de los servidores públicos, haciendo hincapié en el caso de las madres con visitas supervisadas, por mencionar un ejemplo.
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La reforma define la violencia vicaria como “todo acto u omisión intencional, con el objeto de causar daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos; así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima”.
Describe que, aquellos que violenten a las personas del género femenino a través de sus hijos podrían pasar de dos años y medio de cárcel a 10 años con ocho meses de cárcel. En tanto que las multas irán de los seis mil 350 pesos hasta los 25 mil 594 pesos.
Como parte de las reformas que reconocen la violencia vicaria se aprobó la inclusión de mujeres con hijos adoptivos, así como a quienes tienen a una persona bajo su responsabilidad, hijastros, dependientes económicos y demás formas de construcción familiar.
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