De cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres alzó la voz para denunciar presuntas irregularidades y discriminación de género en el Poder Judicial del Estado de Puebla. En el epicentro de esta controversia se encuentra Julio Vargas Domínguez, titular del Juzgado Segundo de lo Familiar, quien ha sido señalado por supuestas deficiencias en la atención de casos de violencia familiar, violencia vicaria y todo lo que tiene que ver con las obligaciones de asistencia familiar.

Las mujeres que han presentado estas acusaciones, argumentan que Vargas Domínguez, carece de sensibilidad para abordar casos delicados, en donde los principales afectados son las infancias y que su gestión ha destacado por priorizar a los presuntos agresores masculinos sin argumentos. Además, su estado de salud le impide desempeñar plenamente sus funciones, lo que ha generado un vacío de poder propicio para prácticas cuestionables.

Este caso, se suma a una larga lista de señalamientos que involucran a jueces del Poder Judicial del Estado de Puebla. A pesar de las reiteradas denuncias y señalamientos, las mujeres lamentaron que, durante el año pasado, ninguna acción disciplinaria fue ejecutada en contra los funcionarios, esto de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

En medio de la conmemoración del Día de la Mujer, las entrevistadas resaltaron la urgente necesidad de reformar los mecanismos de supervisión, así como de rendición de cuentas dentro del sistema judicial, con el objetivo de garantizar la equidad de género y la imparcialidad en el acceso a la justicia para todas las personas, independientemente de su sexo.

Juez dio la custodia al presunto violador de su hija

Rocío Macías Salas denunció que el pasado 9 de febrero, 15 hombres ingresaron a su casa sin presentar ningún tipo de documento oficial, y de manera violenta, se llevaron a su hija Luna Sofía, de 8 años. La niña acusó previamente a su padre, César N., de haberla atacado sexualmente, pero a pesar de esto, el juez Julio Vargas, le concedió la custodia.

Dicho juez, la acusó de alienación parental y de ser un riesgo para la seguridad de la niña, pero en ningún momento, tomó en consideración el testimonio de la menor. Desde esa fecha, sólo ha podido ver a su hija cuatro horas y se emitió una Alerta Amber que después fue desactivada.

Mi hija de 8 años, quien fue agredida sexualmente por su papá, el día de hoy comparte techo con él, gracias a que el juez, Julio Vargas, le otorgó la guardia y custodiaLe solicité al juez reuniones, y todas me fueron negadas, alguna vez logré tener un acercamiento, pero no supo nada de la carpeta de investigación y desconocía todo. Está completamente desinformado del asunto que se supone es su trabajo: velar por el bienestar de los niños”, comentó.

Rocío explicó que, por el desconocimiento del juez, la persona que ha tomado la batuta en reiteradas ocasiones, es el secretario de acuerdo, José Sergio Eustaquio Calderón, quien siempre, “en tono de burla”, niega información y se rehúsa a ver pruebas que podrían beneficiar el expediente. “Le quise enseñar vídeos en donde mi hija narra cómo fue agredida, pero el secretario se río y el juez, Julio Vargas, sólo dijo que no estaba en sus manos y que no podía hacer nada”, compartió.

Desde su óptica, los jueces y en general los servidores judiciales, son las personas que deberían encargarse de que la justicia llegue a todas las personas, principalmente a los niños, pero esto no ocurre. Se atreve a decir que benefician a los hombres, aunque ellos no presentan pruebas y aunque en la mayoría de los casos -no siempre- son los agresores.

La menor ha sido aislada en todos los sentidos, no va a la escuela, no acude a sus clases extracurriculares, no va a sus citas con el dentista y para Rocío, esto debería ser tomado en cuenta. “Es un tema muy delicado, no hay protocolos correctos, hay muchos practicantes, gente sin especialidad y todas las decisiones se han hecho por percepción, no por hechos (…) el juez muchas veces no está, y el secretario de acuerdos es el que toma las decisiones. Mi llamado al Poder Judicial es que escuche a mi hija un perito especializado y que esté en un lugar seguro, no puede compartir techo con su agresor”, finalizó.

Pese a que sustrajo a su hija con mentiras, el juez le otorgó la custodia

El caso de Alejandra Calva Rivera se remonta al 2020, cuando su ex pareja, José Alberto N., le pidió permiso para llevarse a su hija en las fiestas decembrinas. Este hombre se comprometió a regresarla para el Día de Reyes, pero no ocurrió y desde ese momento, le dejó en claro que no la devolvería y que lo estaba haciendo como una venganza porque ella no quiso regresar con él. “Te voy a dar en donde más te duele”, le advirtió.

La jueza María de los Ángeles Muñoz, fue la primera en llevar su caso, pero después se lo pasaron a Julio Vargas, en donde ha encontrado obstáculo tras obstáculo. “Él no ha buscado el bienestar de mi hija, hace cuatro años que no está conmigo y pese a que hay muchas cosas que el padre no hizo legalmente, le dieron la custodia”, expuso.

Hace algunos meses, Alejandra atravesó una situación de salud complicada y solicitó al juez, que su hija estuviera a su lado, pero se negó argumentando que eso no estaba en sus manos. Si bien, al principio no creía que había diferencias por género, en últimos meses ha notado que al padre le permiten muchas cosas que a ella no, y que hasta le piden permiso de hacer cambios en convivencias, cuando sólo las autoridades tendrían esa autorización.

Alejandra se sorprendió al ver que más mujeres estaban pasando por la misma situación y le generó sentimientos encontrados. Por una parte, ya no se siente sola, pero por otra, teme que esta situación se siga replicando y que nunca se llegué a la justicia que tanto anhela. “No puede ser posible que, en manos de una sola persona, estén tantas vidas, que cambian radicalmente, pero él no se toma el tempo de revisar el caso, analizarlo y dar la custodia a la persona que de verdad esté apta para cuidar a un niño”, criticó.

Vargas ordenó arresto por no presentar a su hijo una vez a las visitas

Luz Arredondo “mamá Tomate”, es representante en Puebla del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Fue la primera mujer en el estado, en cumplir 10 horas de arresto por no presentar a su hijo a una visita con su padre. El juez no tomó en cuenta que estaba amparada para dicha acción y que el menor, fue sustraído en varias ocasiones por Valentín N., pero él, no tuvo sanción alguna.

La activista estuvo en el penal de San Miguel y después de ello, le dieron la guarda y custodia de su hijo. Pasó un año y de nueva cuenta se la arrebataron sin tomar en cuenta los dictámenes psicológicos en donde el niño acepta que le tiene miedo al padre. Desde el 2022, Luz ha solicitado más de siete veces el cambio de guarda y custodia, pero se la han negado.

Es una liga de corrupción que ya lleva mucho tiempo, pasando por Julio Vargas y también por María de los Ángeles MuñozEl Segundo Juzgado de lo Familiar ya es conocido por sus redes y todo esto se lo presenté al ex presidente, Héctor Sánchez, pero lo único que eso hizo fue remover a María de los Ángeles, quien hoy se encuentra en el Segundo Juzgado de Oralidad del Distrito de Cholula, cuando llegó Julio Vargas pude recuperar a mi menor, no por su disposición, sino porque yo había ganado un juicio y eso me motivó a unirme al Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria”, relató.

Luz ha pedido que -por lo menos- la dejen llevarlo a sus clases extracurriculares, pero debido a la constante ausencia de Vargas, el secretario de acuerdos, Francisco Rafael Fajardo Peña, es quien interviene y se niega argumentando que “no es importante convivir con la mamá”.

“Julio Vargas en su precario estado salud ya no tiene la fortaleza de tomar decisiones (…) la magistrada presidenta del TSJ, María Belinda Aguilar Díaz, está enterada de esta situación, ya tuvimos una reunión a inicios de febrero y le presenté el ramillete de mamás que están sufriendo lo mismo (…) ella solamente dijo que revisaría expedientes, pero siguen cubriendo a al juez”, criticó.

Para la activista, la meta de este juez es jubilarse lo antes posible y “salir dignamente” del Poder Judicial, empero, para las madres que han sufrido violencia institucional por su parte, esto no es justo y se le debería de sancionar antes de que abandone el puesto. “Desde el 2014 tiene incidentes de guardas y custodias ilegales. No sólo eso, ha sido removido de juzgados como una estrategia que tiene el Poder Judicial, cuando empiezan a tener quejas los cambian, como si con eso subsanaran los daños y el dolor que han esparcido a múltiples infancias”, concluyó.

Diana González se amarró al asta bandera del Poder Judicial

Diana González es activista feminista. Su caso con el juez Vargas data desde el 2021, ya está en espera de

una sentencia firme para que su hija obtenga pensión alimenticia. Su acto de protesta más fuerte hacía él, fue el pasado 22 de enero, cuando se amarró de la asta bandera del Poder Judicial para que le hiciera caso.

“Él no me otorgó la pensión provisional para mi menor hija, pero desde el 2021 estoy en espera de una sentencia firme (…) para él no son prioridad las infancias, tengo entendido que en algún momento pidió licencia por salud y mandó todo a jueces alternos, la mayoría de ellos se declararon incompetentes, por lo cual, hay un atraso monumental en casos, no sé a qué le están dando prioridad, pero no es a las infancias”, declaró.

Diana también es parte del Frente Poblano contra Deudores Alimenticios y albergan varios casos en donde las mujeres consideran que no está aplicando perspectiva de género y perspectiva de infancias. Asimismo, las mujeres creen que solapa a los deudores alimenticios y esto ha generado que sigan incumpliendo con sus obligaciones de asistencia familiar.

“¿Qué hace que no revisa las carpetas completas?, ¿qué hace que faltan protocolos?, nosotras como madres activistas hemos investigado como debe de trabajar un juez y no lo hace, si no puede con el cargo, le exijo que se retire o que renuncie (…) los jueces son los principales en obstaculizar la justicia, la justicia debe de ser pronta y expedita, pero no tenemos ni una de esas dos”, exhortó.

Eustaquio abusa de su poder por la ausencia de Vargas

Para concluir esta serie de entrevistas, está el testimonio de María Esther Nogueira víctima de violencia vicaria. A ella le quitaron a su hijo el 22 de marzo del 2021 y durante “su vida judicializada”, se ha enfrentado a muchas injusticias institucionales.

Esther tiene pruebas en donde su hijo dice que la extraña, que tiene miedo de quedarse con su padre y que ha solicitado que ella tenga la custodia, pero el papá se ha negado. Actualmente el niño vive en un cuarto, su padre no lo deja hacer actividades extracurriculares y le ha arrebatado su sueño de convertirse en futbolista.

Cada vez que tiene información nueva, dudas o quiere solicitar algo a Julio Vargas, no se encuentra, por lo que es atendida por Eustaquio Calderón, quien se burla de ella, la revictimiza y frena los proceso. “El juez nunca me ha dado la cara en tres años, ni siquiera lo conozco, cuando voy a buscarlo nunca está. El que se ha burlado de mí es Eustaquio y ha omitido pruebas, aprovecha que no está el titular”, dijo.

El Sol de Puebla tiene otros tres casos en donde señalan a Julio Vargas Domínguez, Francisco Rafael Fajardo Peña y José Sergio Eustaquio Calderón, de no aplicar perspectiva de género y revictimizarlas constantemente, pero por miedo a represalias, las mujeres no dieron su testimonio. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el 2023 no hubo ni un solo juez sancionado, pero las entrevistadas creen que eso no es sinónimo de un buen trabajo.

El año pasado, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que varios jueces poblanos, hayan favorecido a secuestradores y a un violador sexual para lograr su liberación y confirmó que el fiscal, Gilberto Higuera Bernal, realizó la denuncia correspondiente en el Consejo de la Judicatura para exponer esta situación.

Posteriormente, Carlos Palafox Galeana, ex titular del Consejo, confirmó que tenían 160 investigaciones en contra de trabajadores y de esta cifra, 60 eran en contra de jueces de primera instancia. Empero, en noviembre dejó el cargo y no se dio a conocer si hubo alguna resolución. El Sol de Puebla pidió la postura del Poder Judicial, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.