Tras el foro sobre violencia ácida que se llevó a cabo en el Congreso de Puebla, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, que impulsó una de las tres reformas que se han presentado para sancionar dichas agresiones, adelantó que modificará su propuesta para incluir las observaciones de las colectivas.
En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva informó que luego de escuchar las propuestas de las sobrevivientes que fueron víctimas de un ataque con sustancias corrosivas, buscará una reunión con las otras dos legisladoras que han presentado reformas para penar dichos ataques con el fin de analizar la ruta a seguir.
Tal como lo documentó el Sol de Puebla, ademas de la propuesta de Camarillo Medina, se encuentra la de la legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, y la representante popular por Morena, Tonantzin Fernández.
“Vamos a robustecer esa iniciativa que ya presentamos. Incluso, voy a buscar a la diputada Aurora Sierra, que también presentó una iniciativa en este tema, al igual que la diputada Tonantzin Fernández, quien también hizo lo mismo. Vamos a buscar hacer una reunión de trabajo y que salga con las propuestas de las mujeres que son sobrevivientes”, asentó.
El diputado aseguró que con el visto bueno de la Fundación Carmen Sánchez, que se encarga de brindar acompañamiento a las mujeres víctimas de ataques con ácido, se podrá realizar una sola iniciativa, misma que estará reforzada para que las partes involucradas estén satisfechas y se inhiba esta práctica en la entidad.
El priista evitó revelar los cambios a detalles que se harían a su reforma y confío en que previo al término del periodo, es decir, del 15 de septiembre del año en curso, los ataques con ácido estarán penados en Puebla.
Tras el ataque con ácido que sufrió una mujer afuera de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en mayo pasado, el Legislativo ha recibido tres propuestas para sancionar con cárcel dichos actos, de las cuales ninguna ha sido analizada en comisiones.
La primera de ellas fue ingresada en junio por el diputado local del PRI, que propuso imponer penas de siete a 13 años de prisión y una multa de 300 a 700 UMAS, equivalente de 28 mil 866 pesos a los 67 mil 354 pesos, para quien lesione a una mujer con cualquier sustantiva corrosiva.
De acuerdo con el dictamen, el castigo aumentaría hasta dos terceras partes cuando exista o haya existido una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza entre el agresor y la víctima. Esto significa que las personas responsables de las agresiones podrían pasar de 11 a 21 años privadas de su libertad y las multas económicas serían de 500 a mil 160 UMAS, lo que representa de 48 mil 110 pesos hasta 111 mil 615 pesos.
A finales de septiembre, Sierra Rodríguez, presentó las reformas que buscan modificar el artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la violencia con sustancias químicas como una modalidad de agresión contra las personas del sexo femenino.
Según lo expuesto en el documento, se entenderá como ataque con sustancias aquellos actos en donde se use algún tipo químico, sustancia corrosiva, irritante, tóxica o inflamable para lastimar el cuerpo o atentar contra la salud de la fémina.
Asimismo, busca adicionar el artículo 356 Ter al Código Penal del Estado que plantea quienes ataquen con sustancias químicas podrán pasar de 20 a 30 años privados de su libertad y ser acreedores a una multa de 200 a 500 UMAS, lo que se traduce de 19 mil 244 pesos hasta los 48 mil 110 pesos.
La propuesta de la morenista busca agregar el artículo 325 sexies al Código Penal del Estado que especifica a quien deje una huella material en el cuerpo de una mujer provocado con un químico o sustancia corrosiva se le impondrán de 20 a 30 años de prisión y una multa de 200 a 500 Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo que representa de 19 mil 244 pesos a 48 mil 110 pesos.
La pena se agravaría en dos tercios cuando se cause un daño en algún órgano, deformidad en el cuerpo o rostro, por lo que la sanción podría llegar hasta los 66 años de prisión.