Durante los primeros siete meses de este año, se abrieron cuatro carpetas de investigación por el delito de aborto en Puebla, por lo que la entidad formó parte de los 27 estados que registraron investigaciones por este acto a nivel país, reportó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
A través de un comunicado la dependencia federal liderada por Fabiola Alanís Sámano señaló que las autoridades locales y federales deben asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que llamó a analizar los casos de personas acusadas por el delito de aborto en el país.
“Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación”, se lee en el desplegado.
Detalló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio de este año, en 27 entidades federativas. Destaca el estado de México, con 93 casos; Nuevo León, 67; Ciudad de México, 52 casos, estas tres entidades concentran el 49 por ciento de las carpetas abiertas en el periodo de tiempo referido.
Junto con Puebla, los estados de Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco también concentran 4 casos cada uno, mientras que Chihuahua, Guerrero y Nayarit reportan 3 casos cada entidad.
También figuran entidades como Tamaulipas (28 casos), Querétaro (22), Baja California y Guanajuato (18 casos cada uno) Hidalgo (15), Veracruz (14) y Michoacán (13), Aguascalientes y Sonora (10 casos cada uno); Baja California Sur y Morelos (7 casos cada uno); Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí (6 casos cada uno); Zacatecas (5 casos).
Alanís Sámano destacó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del pasado 7 de septiembre, que por unanimidad determinó la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta, y su postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, deben coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar en los casos permitidos.
Por ello, reiteró el llamado a las autoridades correspondientes, para que, desde el ámbito de sus responsabilidades, hagan lo necesario para evitar la criminalización y revisar estas carpetas de investigación ya identificadas.
En el estado de Puebla se mantiene la pena de un año de prisión para las mujeres que decidan interrumpir el embarazo, ya que en octubre de 2019 la mayoría de los diputados rechazó la reforma al artículo 342 del Código Penal, con la cual se buscaba despenalizar el aborto y únicamente redujeron la pena de 5 años a uno, a propuesta del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.