La comparecencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro Corro, no sirvió para aclarar si el Gobierno del Estado podrá recuperar los 600 millones de pesos que invirtió en el banco Accendo, mismo que quebró días después, pues la funcionaria aseguró que son otras autoridades las que determinarán el monto que la administración podrá recuperar de esta fallida inversión y advirtió que será un proceso largo.
“La posibilidad de la recuperación es una posibilidad que se desconoce con precisión el monto, en virtud de que quién es la autoridad competente el IPAC que interviene, contrata a un despacho liquidador, este despacho liquidador toma todos los activos de Accendo y estos los tiene someter a una liquidación, hay una ley específica de la materia donde hay orden de prelación”, respondió ante el cuestionamiento que hizo el diputado del Partido Verde Ecologista, Jaime Natale Uaranga, para conocer si hay posibilidades reales de recuperar esa inversión.
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La titular de la SPF aseguró que desde su cargo se hicieron las gestiones para reducir el orden de prelación de cinco a tres para que pueda acceder antes a los activos de la empresa y alcance un mayor monto de recuperación.
“Nosotros como instituciones públicas estamos en orden de prelación cinco, pero hemos hecho las gestiones, dado que el recurso es de interés común, para que pasemos de un orden de prelación tres y con ello aumentemos las posibilidades de recuperación”, comentó.
Justificó la inversión en este banco al señalar que, en ese momento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgaba una buena calificación a esta institución, lo cual no alertaba un riesgo de quiebra que pusiera en peligro los recursos públicos.
Además, dijo que Accendo fue la institución bancaria que mejor porcentaje de rendimiento ofreció en ese momento al otorgar 1.5 por ciento más rendimiento que lo que ofrecía el mercado.
“En el plazo en el que se celebraron operaciones con Accendo, la CNBV calificó en el grado 1. En consecuencia, es totalmente legal invertir los recursos públicos en cualquiera de las instituciones bancarias del listado publicado por la autoridad competente, este banco era una de las instituciones más redituables”, detalló.
Teresa Castro negó que se trate de un hoyo financiero y que lo ocurrido sea responsabilidad de un solo partido político, pues afirmó que “en esta institución nos encontramos entes de todos los niveles de gobierno y de vario partidos”.
Por el contrario, responsabilizó al Congreso del Estado de reducir uno por ciento el cobro del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) en 2019, pues aseguró que eso impidió que el gobierno estatal obtuviera una mejor recaudación de recursos propios.
“Este gobierno recibió una recaudación muy conservadora, ya que el Congreso, en 2019, aprobó una disminución en la tasa del Impuesto Sobre la Nómina, está situación afecta la fórmula respectó de las participaciones y, en consecuencia, afecta a los ingresos”, precisó.
Pierden 81 mdp en fotomultas
En otro orden de ideas, Castro Corro dio a conocer que en tres años el gobierno del estado pagó 694 millones de pesos a la empresa Intecproof S.A de C.V, para la operación de fotomultas, sin embargo, sólo se recaudaron 613 millones de pesos, lo que se traduce en una pérdida de 81 millones de pesos.
En este tenor, justificó que el programa para la operación de radares de velocidad no es un tema recaudatorio, más bien un programa para la prevención de accidentes viales y temas de seguridad pública. “Si ustedes ven lo que se recaudó con lo que costó, está relativamente parejo”, consideró.
A solicitud del diputado panista Eduardo Alcántara Montiel, la titular de la SPF explicó que el contrato realizado con la empresa en diciembre del 2019 tenía un sistema integral para la operación del servicio en la materia, por ello su adquisición ascendió a más de 600 millones de pesos.
“El sistema que se adquirió se llama sistema de control vehicular que está puesto en marcha a cargo de la subsecretaría de ingresos y es con el que operamos. La necesidad de este sistema remota porque a nuestra llegada hay un sistema que, dado el lenguaje anterior y los avances tecnológicos, resulta insuficiente”, comentó.
Aunado a ello, aclaró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado es la responsable de tomar las imágenes y operar los 156 radares en las vialidades estatales del territorio poblano, mientras que a la Secretaría a su cargo únicamente le compete el cobro de las infracciones.
“Son cosas diferentes y quien es el área contratante es la Secretaría de Seguridad Pública, lo único que nosotros a ese contrato conviene es el sistema de control vehicular, que está en uso, y el recaudo como atribución correspondiente”, precisó.
Hay que recordar que el gobierno del estado le otorgó a la empresa Intecproof la licitación para operar las fotomultas, el sistema de identificación de vehículos y el control del padrón de autos, para el periodo de enero del 2020 a diciembre del 2022.
Con el fin del contrato, en mayo de este año la SSP lanzó una nueva licitación para contratar a la empresa que se encargará de operar las fotomultas, ubicadas en 157 puntos de vialidades estatales, además de que deberá colocar 50 nuevos dispositivos fijos y dos móviles, para ampliar el programa denominado “Monitor Vial” con vigencia hasta noviembre del siguiente año.
Advierten fin de recurso para pago de pensiones en 2024
Castro Corro también alertó que para el 2024 quien asuma el cargo como jefe del Ejecutivo local debe hacer previsiones al presupuesto para cumplir con el pago de pensiones correspondientes al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP).
“Se estima que el recurso se agotará en el 2024, entonces vamos a tener como finanzas una disposición para hacer frente a obligaciones y posterior a esta fecha, quien llegue a la gubernatura, tendrá que hacer sus previsiones con cargo al presupuesto ya que no hay reservas y tenemos que buscar mecanismos legales para ir legislando e individualizar cuentas”, detalló.
Esto en respuesta a los cuestionamientos realizados por la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, sobre la inversión de cuatro mil 800 millones de pesos, que puso en riesgo el fondo de pensiones de los trabajadores del estado y de la educación.
Aclaró que el recurso económico para cumplir con las obligaciones del ISSSTEP está en otra institución bancaria y explicó que actualmente no se cuenta con recursos económicos suficientes para cumplir los gastos correspondientes e incluso recordó que el año pasado se dispuso parte del fondo para pagar los aguinaldos.
“Los recursos que se dispusieron, una vez que se depositan y se hace el registro correspondiente, se encuentran en calidad de devengados, se hizo la rendición de cuentas correspondiente y al día de hoy se encuentra en otra institución bancaria”, expuso.
En ese tenor, recalcó que, la dependencia solicitó el retiro de recursos económicos en ocho exhibiciones de 600 millones de pesos, por lo que se concluyó la cancelación y liquidación correspondiente.
Finalmente, hay que recordar que esta advertencia ya la había emitido en su primera comparecencia, en noviembre de este año como parte de la glosa informativa del gobierno estatal, cuando mencionó que desde el inicio de la administración se hizo un apartado de 2 mil 300 millones de pesos para hacer frente a esa responsabilidad, sin embargo, no es suficiente para lograr pensiones “dignas” en 2024.
Incluso, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina comentó que era necesaria una “cirugía financiera” en ese organismo.
