El grupo de consejeros de Morena que designó a Mario Bracamonte González como el nuevo delegado con funciones de dirigente estatal del partido, defendieron su nombramiento y argumentaron que todo se hizo conforme lo marcan los estatutos de esa fuerza política.
Esto en respuesta al secretario general de Morena, Edgar Garmendia de los Santos, quien no reconoció tal designación por considerarla ilegal y amenazó con interponer una denuncia ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.
“La sesión del Consejo fue realizada en estricto apego a la legalidad, a los principios y estatutos de nuestro partido y es la más viva expresión de la militancia que expresa su opinión y determinaciones a través de sus legítimos representantes, electos en asamblea democrática y por ello verdaderos representantes de nuestro partido”, indica el comunicado.
También se argumentó que la sesión se realizó a través de la plataforma Zoom con la participación de 81 consejeros de Morena, con lo que se cumplió con el quórum necesario.
Dicho comunicado fue firmado por los consejeros estatales, Julián de Jesús Pérez Tapia, Araceli Bautista González, Edson Armando Cortés Contreras, Luz del Carmen García Martínez, Rigoberto Ramos Bautista y José Concepción Aparicio Aranda.
GARMENDIA DESCONOCE A BRACAMONTE
La mañana de este lunes, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena desconoció los acuerdos tomados ayer por el Consejo Estatal del mismo partido, en el que se nombró a Mario Bracamonte González como delegado con funciones de dirigente, con el argumento de que la única instancia facultada para realizar ese nombramiento es el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
El secretario general del partido, Edgar Garmendia de los Santos, advirtió que se analiza presentar una denuncia ante la Comisión de Honor y Justicia en contra de los consejeros que realizaron el nombramiento sin tener las facultades para ello.
Por su parte, el representante de Morena ante los organismos electorales, Alfonso Bermúdez, hizo un llamado a Mario Bracamonte para que realice el proceso de entrega-recepción, pues reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya impuso una multa de más de 11 millones de pesos por cuentas no acreditadas por el ex dirigente estatal.