Sin particularizar en nombres o si se trata de los notarios que tienen una patente en proceso de revocación, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que algunos fedatarios cometieron despojo en contra de terceros al hacer escrituras a favor de otras personas y enviar a prisión a los verdaderos propietarios.

“Hacían una escritura privada, la protocolizaban con un notario, la inscribían en el registro público de la propiedad y metían a la cárcel al legítimo propietario que se enteraba que había otra escritura y después empezaban a construir”, explicó sobre el procedimiento.

Tras encontrar estas irregularidades, el gobernador señaló que se regulará el ejercicio notarial para evitar que se presenten irregularidades, ya que muchos fedatarios estuvieron al servicio del poder y del dinero al incurrir en trasgresiones que afectaron a los ciudadanos.

El gobernador adelantó que se preparan reformas a la Ley del Notariado y se requerirá de un seguimiento puntual a los fedatarios, ya que en otras administraciones se permitió que actuaran a su arbitrio, cuando su función era proceder en apego y garantizar la legalidad, este es el derecho y obligación que les confiere el gobierno estatal cuando les entrega una patente.

“Vamos a regular su función, vamos a exigir que todos sus actos donde ellos intervengan estén ajustados a la ley, a la ética, a las buenas costumbres, que se termine esa élite, esa aristocracia que se formó alrededor de esos profesionales preferidos de la política en Puebla”, dijo.

Miguel Barbosa rechazó que en el proceso de revocación de las 29 notarías y de la regulación participe el Colegio de Notarios, ya que no se ha solicitado su colaboración y sólo en caso que se requiera se les recurrirá.

Reafirmó que en una primera etapa se revocarán las 29 notarías entregadas durante la administración de Rafael Moreno Valle y posteriormente se analizarán los procesos de las cuatro que otorgó Antonio Gali Fayad.

Asimismo, indicó que se trata de una investigación amplia en la que se analizará cuál fue la competencia del ex titular de la Secretaría General de Gobierno en las dos administraciones, Diódoro Carrasco Altamirano, una vez que éste fue el encargado de dar seguimiento en la entrega de las patentes y debió detectar si había irregularidades.