El Poder Judicial del Estado de Puebla impulsó un Observatorio de Acceso a la Justicia, pero desde que se instaló en el 2021, no ha podido sesionar ni una vez, lamentó la diputada local, Mónica Silva Ruiz. Este lugar tenía como objetivo involucrar a todos los juzgadores con la perspectiva de género, pero también analizar cómo se está integrando este enfoque en las sentencias.
Lo anterior lo dio a conocer en el foro “Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la Perspectiva de Género” que encabezó la CDH en sus instalaciones. En su participación, Silva Ruiz quiso hacer “una exigencia pública”, pues dentro del Poder Judicial, existe un Observatorio con perspectiva de género, el cual, está debidamente instalado y lo sumaron cinco grupos de la sociedad civil, pero una vez instalado no pudo sesionar.
“Por qué no le exigimos a la autoridad judicial que nos informe. En su momento se creó este Observatorio y que nos emita el informe, cuáles han sido los beneficios que como mujeres tenemos, queremos saber cómo se han emitido las sentencias que se están cumpliendo o si de verdad se está juzgando con perspectiva de género, pero esto también es parte de hacer ciudadanía de quienes estamos al otro lado”, dijo al tomar la palabra.
Hay que recordar que este Observatorio arrancó como una propuesta de la Unidad de Género y una de sus tareas era crear comisiones temáticas, por ejemplo, había una de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, delitos sexuales y otra de trata de personas. Cada comisión tenía que analizar un expediente relacionado con ese tema y si de verdad se aplicaba la perspectiva de género.
El 25 de octubre del 2021 a través de redes sociales, el Poder Judicial invitó a organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la comunidad académica en Puebla, a participar en la convocatoria para integrarse, pero no se dieron a conocer los perfiles ganadores o si de verdad hubo candidatos.
Las comisiones sí sesionaron por un año, pero con todos los cambios que hubo al interior del Poder Judicial se dejó de informar acerca del proceso. Hay que recordar que el 27 de octubre del 2022, el ex magistrado Héctor Sánchez presentó su renuncia al cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Judicatura. En su lugar, llegó la magistrada Margarita Gayosso Ponce, quien tampoco ya está en dicho cargo.
El objetivo del Observatorio era crear un análisis de cómo se está integrando la perspectiva de género en las sentencias y recomendar que se sumaran a este ejercicio las y los jueces que llevan este tipo de casos, ya que ellos son los que emiten la sentencia.
En otro orden de ideas, Silva Ruiz también aprovechó el espacio, para opinar que las comisiones de derechos humanos son más abiertas al derecho internacional que los mismos Poderes Judiciales, por tal motivo, cree que es necesario que la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, emita recomendaciones que faciliten a los jueces su toma de decisiones.
Si bien, no es una de sus atribuciones y no está estipulado en la Ley, la legisladora opinó que, por su cercanía con la ciudadanía, pueden bridarle a los juzgadores información para que las sentencias garanticen el principio propersona. “Habrá que hacer una reforma a nuestra ley local respecto al funcionamiento de la CDH”, dijo.
Desde su óptica, las recomendaciones e informes que realizan las comisiones de derechos humanos son fundamentales para el ámbito judicial, ya que cuentan con perspectivas que les hacen falta a los juzgadores como la perspectiva LGBT+, de adultos mayores, de infancia y de género.
En este último punto, dijo que hace falta mucha capacitación al interior del Poder Judicial y que, si estas personas no se encuentran profesionalizadas, están impartiendo justicia sin visión y, por tanto, violando los derechos humanos.
