El número de gasolineras clausuradas por la presunta venta de combustibles robado durante los años de mayor incidencia de este delito, en Puebla y todo el país será una incógnita, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) clasificó como reservada y confidencial información sobre ellas.
De acuerdo con información solicitada por El Sol de Puebla, la petrolera sólo notificó de la rescisión del contrato para la distribución de sus petrolíferos con 17 estaciones de servicio entre junio de 2004 y noviembre de 2016, mientras que de esta última fecha y hasta enero de 2019, alegó diversos motivos para no revelar nada de otras.
Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó tener registro de alguna denuncia o procedimiento administrativo en contra de algún expendio relacionado con la comercialización de combustibles robados, Pemex no descartó tener conocimiento de casos de este tipo, pero negó entregar información al respecto.
En respuesta a una solicitud de información, Pemex citó la contestación a otra expedida en el año 2014, que cita que en los 10 años previos se habían cerrado 13 estaciones de servicio ubicadas en 10 municipios del estado, pero sin precisar los motivos.
Adicionalmente, Pemex mencionó la rescisión de contratos a cuatro gasolineras más en la entidad, entre los años 2015 y 2016, ubicadas en Puebla capital, Tecamachalco, Acajete y Cuyoaco, pero sin citar más motivos que “incumplimiento a obligaciones contractuales”.
Y, aunque la solicitud de información hecha por El Sol de Puebla requirió datos de las gasolineras clausuradas, rescindidas o revocadas, en los años posteriores, hasta enero de 2019, Pemex argumentó varias razones para negar su entrega y clasificarla como reservada y confidencial, lo que resguarda algunos datos por hasta 12 años y otros los hace imposible de transparentar.
Algunos de los motivos citados por Pemex, son que a raíz de la reforma energética se convirtió en Empresa Productiva del Estado y que en esta calidad debe cuidar la información de sus operaciones y el secreto industrial de su naturaleza a fin de evitar una situación de desventaja comercial en el sector.
Además, señaló, la revelación de esta información puede ser causa de daño a las investigaciones que llevan a cabo varias instituciones, precisamente por la sospecha de la comisión de tal delito.
Y en el caso de los casos ya concluidos esgrimió que tampoco pueden revelarse detalles toda vez que pueden incluir nombres, domicilios u otros datos de personas físicas o morales que son considerados como información personal, por lo que debe clasificarse como confidencial y por tanto, nunca puede ser exhibida.
ETERNA INCÓGNITA
Las respuestas tanto de la SHCP como de Pemex contradicen o al menos ignoran otras versiones oficiales acerca del número de gasolineras que han enfrentado procedimientos administrativos o sancionatorios por la presunta comercialización de combustible robado en el estado, por ejemplo, de Pemex que mediante comunicados de prensa emitidos en el año 2017 informó de operativos para la suspensión de operaciones en 13 gasolineras, por el hallazgo de irregularidades comerciales e inconsistencias fiscales relativas a la venta de hidrocarburos, así como de las 12 que por las mismas razones tuvieron procedimientos de revocación del contrato de funcionamiento, según indicó a mediados del mismo año el entonces jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz.
