A dos años del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, organizaciones en pro de los derechos LGBT denunciaron que el Gobierno Federal no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o reportado los avances de medio camino que debió entregar este año.
Después que el presidente de la república ofreciera su Segundo Informe de Gobierno, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT; la Fundación Arcoíris y la Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México, revisaron la situación de los derechos de la comunidad en lo que va de esta administración.
Revelaron que sólo en el primer año del gobierno de López Obrador, 117 personas de la comunidad han sido asesinadas por su identidad, orientación, características, ideología o expresión sexual, lo que representa 27 por ciento más que el año anterior al inicio de su mandato.
A través de sus redes sociales, señalaron que parte del rezago en la materia se debe a la legislación, pues únicamente seis estados de la república han aprobado el matrimonio igualitario y sólo cuatro Congresos incluyeron la Ley de Identidad de Género a sus códigos locales de 2018 a 2020.
En el mismo sentido, expusieron que ninguna de las organizaciones a favor de la defensa de los derechos LGBT ha recibido apoyos económicos otorgados por el Gobierno Federal para el desarrollo de proyectos que garanticen la seguridad de las personas con identidades u orientaciones de género diferentes.
La Fundación Arcoíris acusó que los grupos de diversidad sexual continúan invisibilizados por las escasas políticas públicas de la representación nacional, tal es el caso que en el Segundo Informe del Gobierno Federal no se menciona ni una vez a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual.
Finalmente, añadieron que las siete recomendaciones emitidas por CDH Naciones Unidas van desde incluir a la comunidad LGBT en el Plan Nacional de Desarrollo con el fin que se garantice la protección de sus derechos; hasta asignar presupuestos para la implementación de un registro formal de crímenes de odio contra personas LGBT.