La queja ciudadana acerca de cobros indebidos por los serviciosde arrastre y depósito de vehículos conocidos como“corralones”, 30 irregulares, o robo de autopartes, podría versu fin con la aprobación ayer en el Cabildo del municipio dePuebla, de lanzar una licitación pública nacional pararegularizar el servicio.
Y es que tradicionalmente una persona que sufre el robo de suvehículo puede ser doblemente victimizada, por la dilación delos procesos penales instaurados en la propia Fiscalía de Puebla yla operación irregular de los depósitos de vehículos y grúasque no ofrecen garantías de que la unidad recuperada regresaráíntegra a su dueño.
En el estado de Puebla existen por lo menos 30 depósitos,conocidos como “corralones”, que operan de forma irregularporque son particulares quienes ofrecen el servicio sin reglasclaras y tampoco la seguridad para los propietarios de las unidadesconfinadas, de acuerdo con información de la organizaciónCorresponsabilidad en el Transporte.
Una unidad, víctima de robo, accidente, abandono o infracción,que se encuentra confinada puede sufrir el hurto de piezas, y nohay garantía para los propietarios de reparar el daño provocadodesde el arrastre hasta que finalmente sale del depósito, deacuerdo con información de las víctimas.
La Ley de Transporte para el Estado de Puebla contempla elarrastre, traslado y depósito para vehículos del serviciopúblico de transporte y mercantil, del artículo 111 al 113, através de autorizaciones previas de la Secretaría deInfraestructura, Movilidad y Transportes, sin embargo, esosconvenios no son públicos y la legislación no establece reglasclaras.
Ayer, integrantes del cabildo aprobaron un punto de acuerdo pararegularizar el servicio de arrastre de grúas en la capitalpoblana, por lo que en máximo 45 días será lanzada lalicitación nacional abierta a todas las empresas. El punto deacuerdo fue presentado por el regidor del PRI, Iván GalindoCastillejos.
El regidor declaró a El Sol de Puebla en el mes de junio supretensión de presentar una serie de medidas para regular, sobretodo, a las empresas que arrastran las unidades, a falta de unalegislación estatal que establezca reglas claras.
En su opinión, los depósitos necesitaban otorgar garantías aquienes dejan sus unidades o establecer tiempos precisos para sacara la venta muchos autos que tienen hasta 20 años confinados. Losprestadores particulares de dichos servicios, dijo, no se ajustan ala Ley de Ingreso y no tienen contratos plasmados.
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