El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (Itaipue) ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) revelar a la opinión pública, cuántas veces han sido intervenidas comunicaciones privadas e informáticas por mandato judicial.
Tras haber celebrado su primera sesión ordinaria de 2023, el órgano garante resolvió un total de 18 recursos de revisión y 16 denuncias por incumplimiento de obligaciones.
De estos procedimientos, destacó el expediente con folio RR-1392/2022, en el cual un ciudadano exigió a la FGE informar sobre cuántas solicitudes para intervenir comunicaciones privadas le hizo el Poder Judicial de la Federación (PJF), desde el 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2022.
No obstante, el solicitante argumentó que la unidad de Transparencia de dicha institución le cobró una cantidad excesiva por el desahogo de esa información, por lo cual interpuso un recurso de inconformidad.
Por lo tanto, el Itaipue consideró fundada la queja, pues pidió a la autoridad ministerial revelar los datos solicitados en su versión pública, informando en todo momento sobre los costos de reproducción de la misma.
Mandatan a ayuntamientos cumplir con sus obligaciones
En otro asunto, el organismo estatal atendió otro recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Puebla, pues un ciudadano argumentó que la autoridad municipal no divulgó la documentación referente a si los Lavaderos de Almoloya fueron entregados o no a un particular en comodato.
En este caso, el Itaipue señaló que, en caso de carecer de la información solicitada, un sujeto obligado debe sustentar conforme a la ley la inexistencia de los datos. En ese sentido, el solicitante deberá ser informado sobre esta decisión de forma inmediata, con el objetivo de transparentar la decisión.
Del mismo modo, los gobiernos municipales de Huaquechula y Tepeojuma recibieron algunos recursos de inconformidad.
En cuanto a la primera alcaldía, se argumentó que la misma no difundió las actas de la sesión extraordinaria de cabildo celebrada el 31 de marzo del año pasado; mientras que en la segunda se trató de una consulta sobre un proceso de consulta de información de acceso público.
Incluyen a Secretaría de Infraestructura y BUAP
Asimismo, la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal no informó sobre cuántos expedientes bajo su resguardo se encuentran catalogados como reservados. No obstante, el órgano garante consideró que este dato debe ser transparentado, o bien, en caso de que la naturaleza de la información ponga en riesgo el funcionamiento del Estado, la negativa debe estar argumentada.
También la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) recibió un recurso de revisión, debido a que no respondió completamente a una solicitud de información en la que se pidió conocer el manejo financiero a cargo de la oficina de la Secretaria General.
Por último, el Pleno presidido por Rita Elena Balderas Huesca, e integrado por la comisionada Nohemí León Islas y el comisionado Francisco Javier García Blanco, consideró fundadas diversas denuncias por incumplimiento de obligaciones a los municipios de Ahuacatlán, Tulcingo de Valle y, principalmente, Tepanco de López.
