La Fiscalía General del Estado (FGE) deberá desclasificar los datos referentes al uso que se le dio al software diseñado para conseguir la geolocalización de teléfonos denominado Geomatrix, mismo que fue desarrollado por la empresa Neolinx de México, que ha recibido varios contratos por espionaje en los gobiernos federal y estatal en los últimos años, según determinó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información del Estado de Puebla (Itaipue).
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A través de su última sesión ordinaria de sesiones, el Pleno del órgano garante analizó el recurso de revisión con folio RR-0183/2024, en el que la ciudadanía solicitó a la dependencia ministerial hacer públicas las solicitudes de geolocalización hechas a partir de un programa informático desarrollado por la mencionada empresa, que ha sido identificada como una intermediaria de la compañía israelí Rayzone Group, según la organización civil Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En ese sentido, se detalló que la petición ciudadana fue presentar un informe sobre el número de consultas realizadas a través de ese mecanismo, o mediante el uso de otras tecnologías compradas por la FGE a Neolinx de México, así como el fundamento legal que motivó la utilización de este programa. No obstante, se argumentó que el sujeto obligado no reveló la información solicitada, por lo cual se pidió la intervención del órgano garante.
Ante el hecho, el Pleno del Itaipue ordenó a la dependencia encabezada por Gilberto Higuera Bernal la descalificación de la información que fue reservada en la solicitud, para que la petición sea analizada nuevamente y se otorgue una respuesta puntual a la ciudadanía. Asimismo, enfatizó que la información estadística debe ser pública, siempre y cuando no se vulnere la seguridad pública.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la FGE adquirió los servicios de Neolinx de México en 2021 mediante un proceso de adjudicación directa, es decir, no existió un mecanismo de licitación pública de por medio. Dicha contratación costó 822 mil 150 pesos a los contribuyentes. Lo anterior quedó asentado en el contrato FGEP/OM/DA/SRM/DAA/051/2021, firmado en septiembre de ese año.
No hay que olvidar que, tal como lo informó El Sol de México, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha documentado que los gobiernos del expresidente Enrique Peña Nieto y el actual mandatario federal Andrés Manuel López Obrador utilizaron a la empresa Neolinx de México como intermediaria con Rayzone Group, compañía cercana a NSO Group, que desarrolló el software Pegasus.
Geomatrix es un sistema que permite obtener la geolocalización de equipos de telefonía móvil a partir de solicitudes, mismo que ha sido adquirido también por la Fiscalía General de la República (FGR).
Cabe recordar que Neolinx de México ha sido contratada por el Gobierno de Puebla en los años 2022 y 2023 a través del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Cecsnsp).
Según la PNT, los contratos pagados por dicha dependencia en ambos años, que fueron identificados con los folios CECSNSP/DAJN/ADQ-010/2023 y CECSNSP/DAJN/ADQ-009/2022 ascienden a los 9 millones 478 mil 250 pesos y 5 centavos. De acuerdo con los registros, el objetivo de la contratación fue adquirir “rastreador y/o localizador y software”.
Por otra parte, el Pleno del Itaipue resolvió diversos recursos de revisión contra el ayuntamiento de Teziutlán, que nuevamente, al igual que en la sesión anterior, fue evidenciado por su opacidad.
En esta ocasión se informó que la comuna no contestó a diversas peticiones de información conforme a la ley, razón por la cual se le pidió que lo hiciera apropiadamente.
Dichas solicitudes se enfocaron en la evidencia de que el ayuntamiento cumplió con los procesos de contratación de servicios públicos y personal, así como el pago de los mismos. También se pidieron pruebas de las adquisiciones y enajenamientos de la comuna. Del mismo modo se pidieron aclaraciones respecto a procesos de contratación del presente trienio.
Finalmente, el órgano garante solicitó a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) dar a conocer el documento de Seguridad que rige los protocolos de la dependencia, toda vez que no se compartió en una solicitud de información.
