Un Juez de Control de la Región Centro-Poniente de Puebla decretó suspender temporalmente del cargo al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.
La Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta del oficio enviado por el juez donde se informa de la medida cautelar en contra de Romero para que se suspenda temporalmente su función como titular de la Auditoría, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar en contra de un menor de edad.
En audiencia oral se decretó como medida cautelar en contra del imputado Francisco José Romero Serrano la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada profesión o actividad laboral siendo la del auditor Superior del Estado de Puebla se determinó.
A Romero Serrano se le inició la carpeta judicial administrativa por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de violencia familiar cometido en agravio del menor A.Z.B. representado por el abogado Arturo Almonte Carrera, adscrito a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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El Congreso deberá cumplir con el ordenamiento judicial, por lo cual lo que proceda lo determinará la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, que presiden los diputados de Morena, Sergio Céspedes Peregrina y Olga Lucía Romero Garci Crespo, respectivamente.
El auditor Francisco Romero Serrano fue señalado de haber agredido al hijo de su esposa Joseline Zurita, y aunque negó los señalamientos tramitó un amparo para no ser detenido.
AUDITOR DENUNCIARÁ A FUNCIONARIOS DEL MP POR NO ACATAR MEDIDAS
Tras darse a conocer la suspensión temporal, el auditor Francisco Romero Serrano dijo en entrevista con El Sol de Puebla que denunciará penalmente a funcionarios del Ministerio Público por no acatar las medidas de protección que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió a su favor y de su familia.
Explicó que la suspensión durará cinco días, sin embargo, aseguró que tanto el Juez de Control como el Ministerio Público se pasaron por el “arco del triunfo” las medidas otorgadas por la CNDH, las cuales fueron aceptadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 11 de febrero, lo cual constituye un delito.
Subrayó que la Fiscalía debía suspender la investigación que inició de oficio por presunta violencia familiar contra su hijo y su esposa Joseline Zurita, pues afirmó que no cometió el delito, por lo cual además denunciará penalmente a funcionarios del Sistema Estatal DIF por no acatar una suspensión concedida lo que provocará que a más tardar el jueves de esta semana tenga que separarse de su hijo.
“Vamos a actuar conforme a la ley. Vamos a presentar denuncias penales, nada me ata a eso, sino más bien que vayamos tras los funcionarios responsables hasta las últimas consecuencias. Es el Ministerio Público y el DIF”, sentenció.
La CNDH otorgó medidas de protección a favor de la esposa e hijo del auditor a fin de que la Fiscalía no filtrara información a medios de comunicación y dejara de integrar la carpeta de investigación por violencia familiar, para garantizar la integridad física y proteger la intimidad de la familia, tomando en cuenta la presunción de inocencia del titular de la Auditoría Superior del Estado.
Según el oficio FGE/FEDH/UDM/685/2022, la Unidad de Derechos Humanos de la FGE informó al director general de la Sexta Visitaduría de la CNDH, Armando Hernández Cruz, que aceptó las medidas, y a su vez envió el oficio a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género.
La Fiscalía debió abstenerse de seguir impulsando el proceso de oficio, toda vez que la patria potestad del niño la ejerce Joseline Zurita. Además, en todo momento se debió observar lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el principio del interés superior del menor.
A finales de diciembre de 2021 salió a la luz pública la orden de aprehensión librada por una juez en contra de Romero Serrano por el delito de violencia familiar, y aunque el funcionario estatal negó la existencia de dicho mandamiento judicial, días antes de que se supiera de ello ya había tramitado un amparo.