Organizaciones feministas en Puebla llamaron a los diputados locales de Morena a generar trabajo conjunto con la finalidad de exponer propuestas en materia de despenalización del aborto, luego de que el pasado 27 de enero los legisladores presentaron una iniciativa sobre el tema.
Mediante un comunicado, también pidieron no más simulación sobre el tema y que éste deje de ser utilizado como tema mediático o por intereses políticos, pues señalaron que en medio de la discusión está el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo.
Expusieron que la propuesta impulsada por Carlos Evangelista Aniceto, Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González e Iván Herrera Villagómez, busca reformar el Código Penal, pero deja fuera la reforma a la Ley Estatal de Salud, la cual consideran indispensable para que el acceso a los servicios de aborto se garantice.
“Aunque la despenalización del aborto es un paso indispensable en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Puebla, la legalización, además implica el compromiso del Estado con el acceso a servicios de aborto de manera legal, segura y gratuita, garantizando los más altos estándares en materia de salud.”, se lee en el documento.
Además, recordaron que en la anterior legislatura con las entonces diputadas Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval promovieron la interrupción legal del embarazo con base en el Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal, misma que pueden enriquecer la propuesta actual, señalaron en el desplegado.
Aunado a ello, propusieron realizar campañas de información y educación sexual enfocadas a los diversos grupos sociales que existen en el territorio poblano, con la finalidad de que las personas gestantes puedan tener información verídica y responsable para decidir de manera libre sobre el número de hijos que deseen tener.
Por último, solicitaron a los legisladores pertenecientes a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia dictaminar en menos de 180 días las reformas penales propuestas, tomando en cuenta los comentarios y anotaciones que realicen las organizaciones, asimismo que se garantice la búsqueda de acuerdos necesarios al interior del Congreso para que ésta sea aprobada por unanimidad.