Su naturaleza es casi su condena, pues apenas uno de cada cuatroindígenas implicados en la comisión de un delito recibeorientación y asistencia en su lengua originaria y conforme a sususos y costumbres, en clara violación a sus derechosfundamentales.
Aunque hace 23 años la Organización de las Naciones Unidas(ONU) estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de losPueblos Indígenas (y pese a que la Ley de Derechos, Cultura yDesarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; la Ley delServicio de la Defensoría Pública, y otras normas locales yfederales instruyen proveer de defensores y condiciones paragarantizar la procuración de justicia a los indígenas), ladiscriminación y la marginación a los pueblos originariosprevalecen.
Homero Martínez García y Moisés Téllez Bautista, los dosúnicos intérpretes poblanos certificados laboralmente paraprocurar y administrar justicia -lo mismo que Martín RodríguezArellano, presidente de la Organización de Traductores,Intérpretes y Gestores en Lenguas Indígenas-, sostuvieron que lainsensibilidad de los servidores públicos de las institucionesencargadas de la procuración y administración de justicia con losindígenas y la falta de recursos por parte de autoridades como laComisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas(CDI), que no cuenta con los recursos suficientes para patrocinar atodos los intérpretes o traductores de lenguas originarias que serequieren, son los principales obstáculos.
Y es que en la actualidad, explicaron, los intérpretes ytraductores de dichas lenguas solo pueden participar en procesoslegales a petición de la autoridad judicial y con el auspicio dela CDI, es decir, únicamente cuando un agente del MinisterioPúblico o juez lo solicita y la CDI tiene recursos para pagar elservicio.
Homero, Moisés y Martín coinciden en que, de acuerdo con elPadrón Nacional de Intérpretes y Traductores en LenguasIndígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI),hay entre 550 y 600 personas en todo el país capacitadas paradesempeñar dichas funciones, pero apenas la mitad o menos, porestas razones, puede auxiliar a sus hermanos indígenas.
“Nos dicen que somos grupos vulnerables, pero no es que seamosvulnerables, más bien somos vulnerados porque no se nosproporcionan las herramientas, el acceso a la justicia plena (…)Hay mucha insensibilidad”, expresó Rodríguez Arellano, quienestima que en casos de orden federal solo una cuarta parte de losindígenas es asesorada -tres al mes en promedio en el caso delestado de Puebla-.
La discriminación es tal, acusó Homero Martínez, que en laactualidad todavía hay quienes descalifican a los indígenas queno hablan español al llamarlos “retrasados mentales” y alcondenar a que una mínima parte pueda gozar de su derecho acomunicarse y, en consecuencia, a ser juzgado imparcialmente.
Para la mayoría de los agentes del Ministerio Público y juecesdel orden local, señala, es suficiente que un indígena apenashable, lea, escriba o comprenda el español para prescindir delacompañamiento de un intérprete o traductor, no obstante que conello imposibilitan al acusado o víctima de comprender plenamenteel proceso al que está sujeto e ignoran usos y costumbres quepuedan influir en la justa valoración de los casos.
De hecho, a decir de Homero y Moisés, la incursión deintérpretes y traductores en el ámbito de la procuración yadministración de la justicia no fue un reconocimiento de lasautoridades a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas,sino una consecuencia de la migración del sistema mixtoinquisitorio al acusatorio adversarial, es decir, al nuevo sistemade justicia penal, que considera la celebración de juiciosorales.
Y recientemente, añade Martín Rodríguez, algunos jueces hanpermitido el uso de la tecnología para garantizar elacompañamiento a los indígenas y superar las dificultadeseconómicas y logísticas de traslado de los intérpretes otraductores. “Algunos han dado como opciones lasvideoconferencias, pero todavía son muy pocos”, concluye.
ATIENDEN CDI Y FGE A INDÍGENAS
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, en elestado de Puebla hay 46 mil 279 indígenas que no hablan español,solo se comunican en su lengua originaria.
Según Juan José Tapia González, delegado de la CDI en Puebla,hasta 2014 se reportaban a mil 280 indígenas detenidos en losCentros de Reinserción Social de la entidad, mientras que laFiscalía General del Estado (FGE) informó que hay 817 internos enellos.
El funcionario federal agregó que, para mejorar el acceso a lajusticia, la CDI cuenta con el Programa de Derechos Indígenas,mediante el cual ha logrado la excarcelación de 384 personas ypatrocinado 107 servicios de interpretación y traducción, asícomo 6 de asesoría penal y civil, con una inversión de más de8.7 millones de pesos desde 2013 hasta la fecha. Y es que la CDIdestina hasta 90 mil pesos y asesoría legal para que indígenasprimodelincuentes puedan librar la prisión.
En lo que va del presente año, expuso, la CDI ha logrado laliberación de 36 indígenas, lo que representa un avance del 54por ciento de su meta de beneficiar a por lo menos 67 durante2017.
Además, destacó, la CDI atiende solicitudes para lograr queindígenas puedan gozar de los beneficios de la libertad bajocaución mediante el sistema penal anterior y los beneficios deenfrentar procesos en libertad según el nuevo sistema de justiciapenal.
Por último, resaltó, la CDI ha ejercido programas y recursospara beneficiar a los indígenas de Puebla, así como para laconservación de su cultura, tradiciones y usos y costumbres; laprevención de delitos, de trata de personas y de adicciones.
Por su parte, la FGE informó que cuenta con cuatro intérpretesde náhuatl, mazateco y popoloca -disponibles en las zonas deCuetzalan, Puebla capital, Tehuacán y Zacatlán- para auxiliar ensus lenguas a personas implicadas en procesos legales.
Además, informó que, de enero a julio del presente año, hallevado a cabo 142 interpretaciones y 121 entrevistas a internosindígenas, en los distritos de Xicotepec de Juárez, Pueblacapital, San Miguel, Tehuacán, Teziutlán, Zacatlán, Atlixco,Tecali de Herrera, Teziutlán, Tetela de Ocampo y San PedroCholula.
Asimismo, destacó que se han revisado 225 carpetas deinvestigación en cuyos casos están implicados indígenas.
Sobre otras atenciones, la FGE reveló que han celebrado 55reuniones de trabajo para atender a 955 personas en comunidadesindígenas, 2 eventos socioculturales con asistencia de 149personas y dictado conferencia y sesiones de capacitación delíderes indígenas de 23 municipios.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado(Sedeso) informó que, conforme a un compromiso hecho por elgobernador del estado, Antonio Gali Fayad, el pasado mes de mayo,hay 121 intérpretes de diferentes lenguas originarias en procesode capacitación para que pronto puedan auxiliar a los indígenasde las siete etnias de la entidad que puedan estar involucrados enprocesos legales.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla noproporcionó, hasta el cierre de esta edición, detalles acerca delos servicios que ofrece a dicha población.
HOMERO Y MOISÉS, DEFENSORES INDEFENSOS
Homero y Moisés padecieron en carne propia la discriminaciónpor su origen indígena cuando el maestro de una escuela primariaen Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Norte de Puebla, loscastigaba a golpes por no hablar ni escribir español.
Ambos, adultos ahora de 32 y 29 años, respectivamente, oriundosde San Miguel Tzinacapan, junta auxiliar del municipio, tienen alnáhuatl como su idioma natural, y el castellano lo aprendieron“a punta de varazos”.
Por fortuna, al cursar la secundaria, la preparatoria y en launiversidad, los dos fueron motivados a reconocer y valorar sucultura y su lengua indígena, y en 2011, mientras cursaban endiferente grado la Licenciatura en Educación Primaria para MedioIndígena en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, seinscribieron al primer y único diplomado con el que iniciaron sudesempeño como intérpretes y traductores.
Tras un curso intensivo de 180 horas y algunos ejercicios,integraron el grupo de poco más de 30 indígenas a los que laentonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría deServicios Legales y Defensoría Pública del Gobierno del Estado,el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la Comisiónde Derechos Humanos del Estado de Puebla, el Congreso del Estado,la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, el Inali y laCDI reconocieron como participante en el Diplomado para laFormación y Acreditación de Intérpretes de Lenguas Indígenas enlos Ámbitos de Procuración y Administración de Justicia.
Sin embargo, no fue sino hasta 2013 cuando ellos mismospromovieron los derechos indígenas que comenzaron a trabajar porsus hermanos, toda vez que hasta entonces ninguna autoridad habíasolicitado sus servicios.
Y es que, conscientes de las violaciones, vejaciones yhumillaciones que sufren los indígenas en los procesos legales,Homero y Moisés fundaron Yolkualtajamej, que significa “Hombresy mujeres de buena voluntad” en náhuatl, para ofrecer suayuda.
“Nosotros empezamos a trabajar porque fuimos a buscar lasinterpretaciones. Íbamos a los distritos (judiciales) y dejábamostrípticos, folletos (…) Solamente nos decían: ‘Cuandonecesitemos intérpretes, los llamamos’”, recuerda Homero.
Constituida su organización, presentaron ante la CDI elproyecto “Interpretación y traducción de lenguas indígenas enmateria penal y penitenciaria”, con el cual ganaronfinanciamiento para sus servicios.
Poco a poco, algunos abogados, defensores de oficio y servidorespúblicos, como Rosa Aurora Espejel Prado, jueza de Ejecución deSanciones y Medidas de Seguridad para Adolescentes del PoderJudicial del Estado, los llamaron a auxiliar y garantizar susderechos a hablantes de náhuatl.
Paulatinamente, recuerdan, su participación se incrementó en varios procesos penales: hasta 70 para Homero y 50 paraMoisés entre 2013 y 2016.
A la par, en 2015, ambos consiguieron también su certificaciónde competencia laboral por parte de la Secretaría de EducaciónPública federal (SEP) como intérpretes orales de lengua indígenaal español, y viceversa, en el ámbito de procuración yadministración de justicia.
Asimismo, desarrollaron 30 fichas terminológicas de conceptosjurídicos traducidos al náhuatl, como juicio oral, allanamientode morada, homicidio doloso y otros, que han logrado que seanreconocidos por el Inali y las autoridades judiciales para sercomprendidos por los indígenas.
Sin embargo, a principios de 2016 recibieron la mala noticia dela CDI de que no podían seguir financiando su iniciativa, pues, deacuerdo con las reglas de operación del programa, se convirtió enun apoyo económico exclusivo para Yolkualtajamej, ya que enninguna otra entidad del país había un servicio como el que ellosdaban.
Desde entonces, las solicitudes de interpretación y traducciónya no son enviadas por las autoridades directamente aYolkualtajamej, sino que son turnadas a la CDI, la cual valora lacontratación de Homero y Moisés.
El cambio, lamentan, casi echó por la borda el trabajo quehabían conquistado, pues de decenas de servicios que hacían ahorasolo suman tres cada uno en lo que va del año.
Pese a ello, Homero y Moisés no han claudicado y continúaninspirándose de las buenas experiencias que han tenido, lo mismoque de las injusticias que han observado, para alimentar suvocación por ayudar a sus hermanos indígenas.
Homero recuerda, por ejemplo, que el primer caso en el queparticipó fue pieza clave para que un campesino fuera declaradoinocente por los daños provocados en 10 hectáreas por un incendioque él inició en sus tierras de cultivo como parte de las laboresde preparación de la tierra para la siguiente siembra, pero quesalió de su control a consecuencia del fuerte viento en lalocalidad.
Moisés, por su parte, lamenta que ha sido testigo deinjusticias, como el caso de cuatro hombres que pasaron 15 años enla cárcel sin ser sentenciados porque no podían comunicarse ydefenderse, y el de una familia a la que, cuando estaba a punto deser declarada inocente, se le imputaron nuevos cargos queimpidieron su libertad.
Por eso, actualmente trabajan en un proyecto para la producciónde materiales gráficos y audiovisuales con los que seguiránpromoviendo sus servicios, ya que mantienen su deseo de seguirauxiliando a los indígenas para que sean respetados sus derechoshumanos y se garantice la procuración de justicia.
