El debate en torno a las constancias de los no antecedentes penales llegará al Congreso de Puebla, puesto que, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Karla Rodríguez Palacios, presentó una propuesta de reforma para considerar como discriminatorio solicitar el documento legal al solicitar empleo o realizar algún trámite gubernamental.
En la pasada sesión ordinaria, el Poder Legislativo recibió el proyecto mediante el cual se busca reformar la fracción XL el artículo 6 Bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla.
En los argumentos, la legisladora del albiazul recordó que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad sobre el documento oficial porque consideró que la persona que ha cumplido una condena penal se enfrenta al estigma y la segregación, aunque ya haya cumplido su sentencia, por lo que, se le pone en una situación de discriminación permanente, a pesar de haber cumplido su deuda con la sociedad.
Explicó que, derivado del recurso promovido, en enero del 2020, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por considerar inconstitucional la solicitud de cartas de no antecedentes penales a las personas trabajadoras y determinó que el requisito viola los principios de igualdad y la no discriminación.
Ante este panorama, Karla Rodríguez Palacios, buscó en su propuesta de reforma que sea considerado como discriminatorio solicitar la constancia de los antecedentes no penales para el acceso a un trabajo, un cargo público o realizar un trámite gubernamental.
“Solicitar constancia de antecedentes no penales, para el acceso, permanencia y ascenso a un trabajo o para el ejercicio de un cargo público, o requerir como requisito la misma, para realizar un trámite gubernamental”.
Lo anterior con el fin de no obligar a que las personas deban entregar el documento legal porque cuando salen de los centros penitenciarios se enfrentan a muchos estigmas sociales, entre ellos, la dificultad para encontrar empleo por haber cometido algún delito.
La propuesta fue recibida por la Mesa Directiva y turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y análisis en las próximas semanas.
En el estado de Puebla actualmente se puede tramitar el documento legal de manera presencial o en línea. De acuerdo con la página de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) tiene un costo de 275 pesos y se entrega el mismo día en el que fue solicitada.