Pedirán revisar gasto de alcaldías y Estado destinado a combatir pandemia

Los diputados aprobaron el exhorto para que la Auditoría Superior del Estado revise el gasto público

Berenice Martínez | El Sol de Puebla

  · martes 7 de julio de 2020

Berenice Martínez | El Sol de Puebla

La Comisión Inspectora del Congreso local aprobó exhortar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a que preste especial atención a la revisión de las cuentas públicas 2020 del gasto público que ejercen las entidades fiscalizadas para atender la pandemia de Covid-19.

El órgano fiscalizador revisa las cuentas públicas de 328 entidades fiscalizadas y se trata de ayuntamientos, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entidades paramunicipales, entidades paraestatales, agua potable y alcantarillado y organismos autónomos.

En sesión de la Comisión Inspectora, los diputados aprobaron el exhorto para que la Auditoría Superior del Estado revise el gasto público destinado a combatir la pandemia de coronavirus, al señalar que este debe ejercerse con responsabilidad y transparencia.

La diputada y presidenta de la comisión, Olga Lucía Romero explicó que el objetivo del llamado es establecer acciones que salvaguarden la hacienda pública y fomenten el gasto público con responsabilidad hacendaria y financiera, que asegure una gestión transparente, responsable y sostenible de las finanzas públicas durante la contingencia.

A su vez Emilio Maurer consideró necesario implementar mecanismos para vigilar el gasto durante la emergencia, así como verificar que lo que se adquiere realmente sea necesario para atender la pandemia con el fin de evitar que los recursos se destinen a otros fines.

El punto de acuerdo aprobado en comisión deberá ser votado por los diputados en sesión ordinaria, la próxima está programada para este miércoles 8 de julio.

Por otra parte, la Comisión Inspectora recibió el oficio de la ASE donde señala que el Informe General 2018 y sus complementos, así como el Reporte Semestral, serán elaborados y remitidos una vez que concluya el término de prórroga que acordó instalar el órgano fiscalizador, con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19.