Hasta 3 mil personas que habitan en la comunidad de Bellavista de Victoria, en el municipio de Palmar de Bravo, corren riesgo de contraer diversas enfermedades por causa de un tiradero a cielo abierto en donde se combinarían residuos sólidos urbanos y peligrosos, dijo Juan de Dios Ramírez Montiel, representante del Frente de Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha.

A menos de 500 metros se encuentra la primera vivienda y a unos cuantos metros más está ubicado un preescolar, a pesar de que la normativa federal dice que la distancia debe ser de por lo menos cinco kilómetros, expuso.

Denunció que las personas que habitan en la periferia del sitio de disposición de residuos han presentado infecciones en los ojos y gastrointestinales, y existe preocupación de que durante la temporada de lluvias que se acerca, los lixiviados vayan a mantos freáticos que contaminen pozos que abastecen agua para la producción de hortalizas fundamentalmente.

Gerardo López Ramírez, abogado de El Barzón, dijo que fue enviado un oficio a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) que encabeza Rodrigo Riestra, el pasado 16 de junio, en donde se explicaba la problemática que había en el municipio sin que hubiera respuesta formal, sino más bien negó la solicitud y se deslindó del asunto en medios de comunicación con el argumento de que era competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El documento solicita a la Secretaría el dictamen de congruencia del programa de desarrollo urbano sustentable del municipio, la publicación en el Periódico Oficial del Estado de ese programa, así como el oficio de depósito e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

“Pero anteriormente estaba trabajando una recicladora de residuos sólidos urbanos llamada Recicladora Salgado, no sabemos con cuál están trabajando, con recicladora Salgado o con los residuos sólidos peligrosos de IECA –Ingeniería Especializada y Combustible Alterno- pero los compañeros dicen: hemos visto donde están enterrados tambos”, expuso Ramírez.

Destacó que la Profepa tiene conocimiento del tiradero que cuenta con una extensión de alrededor de seis hectáreas, y sería en estos días cuando reciban respuesta acerca de la denuncia por afectación al medio ambiente y a la salud.