La alteración del proceso electoral que provocó Morena con la definición de sus coordinadores de Defensa de la Transformación hizo de la intercampaña una fase electoral innecesaria y le quitó significado para el objetivo trazado legalmente, acusan politólogos, quienes plantean la necesidad de reconfigurar el calendario de los comicios.
Los especialistas en la materia señalan que el periodo de silencio de tres meses, programado desde enero hasta el último día de marzo, resulta superfluo, pues aquellos personajes que buscan un cargo de elección popular no pueden “desaparecer de la contienda”, deben moverse para ser competitivos y no quedar fuera.
Esta etapa abre un espacio para que los partidos políticos resuelvan posibles diferencias internas sobre la selección de candidaturas.
Además, los precandidatos no pueden participar en debates, aparecer en spots de los partidos políticos, ni hacer actos o mítines para presentarles como aspirantes. También se restringen los llamados expresos o solicitudes de apoyo a favor o en contra de una candidatura, coalición o partido.
Intercampaña, una simulación
Aunque la intercampaña surge como una pausa en medio del proceso electoral, con el objetivo de que los institutos políticos definan a sus candidatos y con ello arrancar sin trabas el periodo de campañas, para Miguel Ángel Calderón Chelius, doctor en Ciencia Sociales de la Universidad Iberoamericana en Puebla, actualmente resulta prescindible, ya que los líderes partidistas, tanto del bloque oficialista como del opositor, seleccionaron a su candidatos a la gubernatura antes de tiempo y en la precampaña promocionaron a un perfil.
Explica que, en el caso de Morena a nivel estatal, se inició un proceso interno antes de que arrancara la jornada electoral que bautizaron como la definición del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, con el que se definió al perfil que los representó en el periodo de campañas y que lo hará en la contienda del 2 de junio.
Mientras que el bloque opositor, que encabeza el PAN, tuvo como aspirante único al exedil de la capital poblana Eduardo Rivera Pérez, por lo que fue designado como su representante y también hizo precampaña solo.
Ante esto, el académico poblano señala que las fuerzas políticas no tienen nada que definir en este periodo, respecto a la gubernatura, por lo que es una etapa de “simulación”.
Agrega que en pleno año 2024 resulta poco funcional que los aspirantes a espacios de poder no hagan política por tres meses, ya que considera que quien no se mueva corre el riesgo de no ser competitivo en la contienda electoral.
Los políticos van a buscar la forma de hacer política porque el tiempo en que no moverse era la forma correcta de hacer política ya pasó, ahora todos tienen que moverse si quieren tener una posibilidad de ser competitivos, si no se queda fuera de la competencia advierte.
Por ello, considera inútil que exista un periodo de alto total en medio de una efusiva contienda electoral.
Sobre este tema, Juan Carlos Espina Von Roehrich, especialista en temas de materia electoral y docente de la de Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), declara que la intercampaña debe repensarse en el futuro, al catalogarla como una fase de simulación debido a que los candidatos se promocionan a pesar de las restricciones.
Rechaza que se deba hacer una adecuación normativa en este periodo, ya que se puede caer en la sobrerregulación, por lo que apuesta por repensar el diseño del calendario electoral al margen de eliminar esta etapa, además de apostar por la rendición de cuentas.
En entrevista por separado, Lidia Aguilar Balderas, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), califica este fase como “una simulación”, pues opina que las personas que estén contendiendo buscarán la manera de actuar debido a las imprecisiones de la norma electoral, a pesar de “poner en riesgo su moral y ética”.
“Es un momento muy efervescente en donde por supuesto los partidos políticos están con todo, hablando, denostándose, entonces eso no permite que haya un silencio”, subraya.
Este panorama la lleva a proponer la creación de un código de ética en donde se busque la regulación de los actores políticos en donde aspirantes, partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanía puedan identificar este tipo de acciones como “algo no correcto”, precisa.
Aguilar Balderas apunta que la promoción a favor de un aspirante emitida por otra persona, pero con un cargo público relevante, aunque esté fuera de la contienda, es otra de las estrategias que se realizan en este periodo.
Ante esto, Roberto Ignacio Alonso Muñoz, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas e Innovación Democrática en la Ibero Puebla, suma la participación de aspirantes que también ostentan un cargo público en eventos públicos. Argumenta que este tipo de propaganda trastoca la contienda.
Ejemplifica con la intervención del senador y también candidato a la gubernatura de Morena, Alejandro Armenta Mier, en eventos que encabeza el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
No se trata del cargo que ostentan, sino de lo que representan políticamente y hoy por hoy sabemos que es el precandidato único rumbo a la gubernatura de Puebla y en ese sentido, figurar a lado del Ejecutivo es un desafío a la equidad en la contienda opina.
Alonso Muñoz considera que este tipo de actuaciones deben ser analizadas por los organismos electorales para posteriormente adecuarlas en el marco legal, con la finalidad de apegarse a la realidad política.
Al mismo tiempo, advierte sobre la ambigüedad en materia de promoción en medios digitales. Si bien la norma electoral es puntual en la prohibición de debates entre precandidatos, en el ámbito de las redes sociales no está normado.
Precisa que al no estar reglamentado el ciberespacio, los actores políticos juegan al límite de las posibilidades, pues mientras no haya asuntos plenamente limitados, pueden actuar en el periodo de silencio sin tener consecuencias.
Ciudadanos deben ejercer “voto de castigo”
Lidia Aguilar concibe la participación ciudadana como otro de los factores determinantes para modificar la actuación de los políticos, señala a los organismos electorales y centros educativos como los principales entes responsables de fortalecer la cultura política ciudadana.
“La presión y acción ciudadana puede llevar a que se genere un cambio en ese sentido, pero es un proceso complejo porque simplemente en el ejercicio del poder violan la ley porque lo pueden hacer”, declara.
Es a través de un “voto de castigo” donde los ciudadanos pueden manifestar su inconformidad sobre las acciones irregulares de los actores políticos, entre ellos el incumplimiento de las normas, explica la docente de la BUAP.
“Hay momentos en donde la ciudadanía ejerce su voto con una intención de castigo o de cambio; si estoy identificando que tal persona está en situaciones de ejercicio excesivo de su figura pública con miras a obtener una candidatura o un cargo, entonces no me va a interesar votar por él”, comenta.
El académico de la Ibero, Roberto Alonso, se suma al llamado ciudadano sobre que las y los electores deben estar atentos a las actividades que emprenden las y los actores políticos, para tener un margen más amplio y ejercer el sufragio de forma informada, pues advierte que si actualmente los precandidatos “juegan en la raya” para verse beneficiados en la contienda electoral, lo replicarán cuando se conviertan en autoridad.
“Nos dan a entender que no están plenamente comprometidos con las reglas del juego, que no están buscando cuidar los principios de los procesos electorales y buscan sacarle provecho a las ambigüedades con tal de ganar su propio juego (…) así que la ciudadanía tiene que constatar el apego de los actores con las reglas del juego”, expresa.
Finalmente, Calderón Chelius exhorta a los votantes a que aprovechen la intercampaña para observar la actuación de actores e institutos políticos para ampliar el criterio sobre las conductas manifestadas.
