“Me intentaron robar el coche, lo evité y me pidieron pagar 13 mil pesos por el cobro de grúas, arrastre y días de corralón”; “Me quitaron mi moto en un alcoholímetro sin ir tomado, dañaron mi unidad y me cobraron más de 30 mil pesos por el servicio de la grúa y para poder recuperarla” o “fui herido de bala en un intento de asalto, pese a que fui la víctima me cobraron 37 mil pesos entre los gastos de operación y la recuperación” son frases que testimonian que algo no está bien en la aplicación de la justicia.
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Corresponden a tres personas afectadas en el estado de Puebla a causa de los abusos que persisten en los servicios de grúas, arrastre y corralones. Aunque el 24 de febrero en el Congreso local se aprobaron reformas para regularlos, para evitar abusos, los agraviados consideran que será letra muerta.
De acuerdo con los entrevistados y víctimas de abusos, en el estado de Puebla hay “una mafia” que afecta a los usuarios con costos excesivos. Esta situación ha generado malestar entre la población, que se ha visto obligada a pagar sumas desproporcionadas por el traslado de sus vehículos.
Los altos costos impuestos por los encargados han llevado a que los diputados locales se vean en la necesidad de intervenir. Así surgió la iniciativa de que la Secretaría de Movilidad y Transporte sea la única facultada para otorgar permisos, para proteger los derechos de los ciudadanos.
Y aunque los legisladores aprobaron por unanimidad de votos estas modificaciones, se desconoce el proceso para que se registren las concesiones y con ello, surge el escepticismo de que la situación no mejorará.
Grúas tendrán que registrarse ante la Secretaría de Movilidad
En entrevista con este medio, la presidenta de la Comisión de Transporte, Silvia Tanús Osorio, dijo que estas modificaciones pretenden acabar con la impunidad que opera en este sector, garantizando que los usuarios reciban un trato justo y no sean víctimas de prácticas abusivas.
Para que una unidad pueda dar este servicio tendrán que registrarse ante la Secretaría de Movilidad. La dependencia podrá firmar convenios con ayuntamientos para que el servicio de grúas se preste en la demarcación solicitada.
“La gente se quejaba mucho porque si había un siniestro en Oriental, le llevaban su carro a Huauchinango al corralón, con el único fin de cobrar más por el arrastre, por el traslado y por alojamiento del vehículo. Esto automáticamente se va a acabar porque la unidad que no cuente con el permiso de la Secretaría de Movilidad no podrá dar servicio”, comentó.
Al preguntarle cuando se hará válido todo esto, respondió que cuando se publique en el Periódico Oficial del Estado de Puebla (POE), pero al revisarlo, estas modificaciones aún no se ven reflejadas. Tampoco se sabe el proceso de registro para concesionarios.
Si un ciudadano registra una irregularidad, el primer paso es presentar su queja e inconformarse, ya que la ley de Egresos trae una tarifa específica para el arrastre y alojamiento de las unidades en el corralón. Asimismo, las personas que brindan el servicio, tendrán que demostrar que son dueños del inmueble o que tienen de forma licita el inmueble y se tendrán que hacer responsables de todas las pertenencias, externó.
En su opinión, son modificaciones benéficas para la ciudadanía porque van a dejar de realizar pagos excesivos y si hay un siniestro, el vehículo será resguardado en el mismo municipio, no en otra demarcación.
Quedará en letra muerta: Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad
En entrevista con este medio, Anuar Musalem Valencia, miembro de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), compartió que los problemas con las grúas, el arrastre y los corralones es de antaño; y pese a que la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla ya será la única facultada para avalar permisos o concesiones, cree que como en años anteriores, quedará en letra muerta.
Hay un sinfín de irregularidades y por ello, ve complicado el panorama para mejorar la situación. Se han registrado casos en donde los conductores de las grúas dañan los vehículos y no se quieren hacer responsables, hay robos de autopartes en su traslado, así como en su estancia en el corralón y tarifas muy diferenciadas, dependiendo de la vía en la que ocurrió el hecho.
“En la zona metropolitana se suscitan hasta 30 hechos de tránsito al día, eso es muy importante porque las dos terceras partes de ellos, por lo menos 20, van a requerir el uso de grúas, arrastre o salvamento. La gran mayoría de las personas físicas o morales, que prestan el servicio de grúas o arrastre no cuentan con las condiciones físico mecánicas adecuadas y eso realmente es una controversia porque si están literalmente dándole salvamento al vehículo, por lo menos, lo que tú quisieras es que sea con las condiciones óptimas”, comentó.
Cuando se registra un hecho de tránsito, las autoridades disponen de vehículos en corralones para garantizar la reparación del daño, o sea, que paguen las multas. Sin embargo, también durante este tiempo que están encerrados, se reportan daños y hasta robos.
Otro problema al que se enfrentan los transportistas es a los límites territoriales, ya que hay vías federales, estatales y municipales y cada autoridad pone sus reglas pese a que debe de ser un mismo lineamiento para todos. Por ello, cree que las nuevas reformas serán difíciles de aplicarse para todos los sectores.
“Así como se están regulando las grúas, también se deben de regular los corralones y encierros. Hubo una tímida intención de hacerlo por los años 2000, cuando el entonces secretario de transporte firma un acuerdo en donde se intenta regular no sólo la prestación del servicio, sino también los corralones y tarifas, pero siempre fue letra muerta y cada autoridad por su jurisdicción se ponía nuevas reglas”, compartió.
Actualmente, las grúas están en un estado “deplorable”, muchas de ellas, ni si quiera cuentan con placas del estado de Puebla y duda que tengan un seguro especial. En suma, los corralones de Puebla hoy en día están saturados y han reportado casos en donde las unidades las dejan en la calle.
“Deberían de tener un seguro porque no saben si el camino estará feo y habrá problemas para arrastrar el vehículo o se dañará, lo lastimarán o se les caerá. Al tenerlo podrían responder a las eventualidades, pero estoy casi seguro de que no lo tienen, realmente la única condición sería tener sus propias grúas. Pueden poner mil tabuladores, pero el problema es más extenso que eso”, opinó.
Su sugerencia es que las autoridades tengan sus propias grúas, ya que sólo así se podrá cobrar un pago unánime y sólo así, habrá garantías de que el vehículo está en buenas manos. Además, cree que el gobierno del estado debe obligar a los ayuntamientos a cobrar este pago único y sancionar si exceden estos precios.
“Unos amigos transportistas ingresaron un vehículo producto de un hecho de tránsito y cuando fueron a traerlo le habían cambiado una cosa que se llama módulo, el módulo es la computadora abordo del transporte y puede costar hasta 45 mil pesos y eso en el menor de los casos. Las irregularidades son de todos los días y no se puede regular un servicio así de la noche a la mañana”, concluyó.
Difícil que todas las concesiones de grúas se registren: transportista
Un líder trasportista del estado de Puebla que tiene un sindicato dedicado al ramo de la construcción, (no quiso dar su nombre por miedo a represalias), calificó estos servicios como una “mafia”. Desde su óptica, los elementos policiacos y los dueños de grúas, así como corralones están coludidos y cobra sumas exorbitantes sin que nadie los sancione.
Por esta colusión, ve muy difícil que todas las empresas que brindan el servicio puedan registrarse ante la Secretaría de Movilidad. Además, así como hay corrupción para cobrar de más, cree que habrá a quienes les den permisos sin que cuenten con todo lo necesario para poder operar.
En su caso, los elementos policiacos han detenido a los transportistas argumentando que iban a exceso de velocidad, que llevan vidrios polarizados, que no tienen los permisos necesarios. Los obligan a dejar su coche y hablan a las grúas para que se los lleven como sanción.
Los transportistas han tenido que pagar más de 50 mil pesos en servicio de grúas y corralón pese a que sólo estuvieron horas encerrados y al querer acreditar que no cometieron una falta, les ponen más trabas para sacarlo. Y al igual que al otro entrevistado, cuando lograr recuperarlos, se dan cuenta que les robaron estéreos, espejos y si lo reportan, les dicen que no pueden hacer nada.
Este sindicato tiene los costos de arrastre, salvamento y depósito de vehículos que se publicaron en el acuerdo de la Secretaría de Movilidad a inicios de este año, en donde dice que las grúas deberían de cobrar entre 600 a mil 60 pesos por kilómetro. Por ejemplo, si la unidad fue llevada desde el Periférico Ecológico a la altura de Peri Plaza a Rancho Colorado, son 19 kilómetros y si se aplica el costo más alto resultaría en 20 mil 140 pesos.
Al señalarles a los encargados de las grúas este tarifario, se niegan argumentando que ellos son independientes, que no se rigen por los precios que ponen las autoridades y sin fundamentos ponen la cifra que desean. Aunque esto lo han externado en diversas ocasiones, la situación no ha mejorado.
Hoy en día, saben que el servicio de arrastre va de 600 a mil 57 pesos, abanderamiento de 60 a 700 pesos y salvamento, de mil 400 a 2 mil 500 pesos. Empero, son pocos los encargados quienes cobran estos precios.
Historias de abusos que se han registrado en Puebla
Marcos González, habitante de la colonia Santa María la Rivera en la ciudad de Puebla, logró evitar el robo de su vehículo. Alertado por los vecinos, quienes avistaron al ladrón en acción, Marcos intervino junto con otros residentes para detener al delincuente y entregarlo a las autoridades.
Lo que parecía ser un acto de justicia pronto se convirtió en una amarga sorpresa para Marcos. Tras la detención del ladrón, este fue liberado durante una audiencia argumentando que se estaban violando sus derechos al exceder el tiempo de detención permitido.
La indignación de Marcos y la comunidad no tardó en hacerse eco en las redes sociales, llegando incluso a oídos del titular de la Fiscalía Gilberto Higuera Bernal. Ante la presión pública, la fiscalía anunció su apoyo a la víctima.
Finalmente, tras una serie de gestiones y negociaciones, Marcos logró recuperar su automóvil, aunque no sin antes enfrentarse a una factura inesperada. Originalmente se le exigía el pago de más de 13 mil pesos por arrastre y días de corralón. Sin embargo, gracias a la intervención de la fiscalía y la atención mediática del caso, logró reducir la cifra a alrededor de 6 mil pesos.
Marcos González compartió con El Sol de Puebla su percepción de que, si el caso no hubiera ganado notoriedad en los medios y en las redes sociales, probablemente no habría recibido la misma atención y apoyo por parte de las autoridades.
Otro caso fue el de Delfino, un conductor de la plataforma DiDi que sufrió un violento intento de asalto mientras trabajaba en la colonia Fundadores de Chapultepec. En el incidente, resultó herido y llevaron a un corralón su vehículo. Sin embargo, los problemas para Delfino no terminaron ahí.
Tras el asalto, Delfino se enfrentó a una pesadilla burocrática y financiera. Para recuperar su vehículo, tuvo que desembolsar la exorbitante suma de 37 mil pesos. Este monto incluía tanto los gastos de operación como los cobros del corralón, que ascendieron a 12 mil pesos por concepto de arrastre y "derecho de piso".
Lo más preocupante para Delfino fue la falta de transparencia en los cobros del corralón, ya que no se le proporcionó ningún tipo de nota o ticket de pago que respaldara el monto exigido.
Ante esta situación, Delfino decidió levantar la voz y hacer un llamado enérgico a las autoridades para que intervengan y regulen estos abusos que afectan no solo a los conductores de plataformas como DiDi, sino a todos los ciudadanos que se ven envueltos en situaciones similares.
Por último, un ciudadano, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, alzó la voz tras sufrir un incidente durante un operativo de alcoholímetro en la capital. Según relata, fue detenido sin razón aparente y le fue confiscada su moto, aunque en ningún momento había consumido alcohol.
El individuo aseguró que su detención no estuvo relacionada con algún indicio de manejo bajo los efectos del alcohol, sino porque no portaba su licencia de motociclista en ese momento. A pesar de los intentos de un inspector de ayudarlo, los policías ya habían ordenado el traslado de su moto a la grúa.
Lo que empeoró la situación fue que, durante el proceso de remolque, su motocicleta sufrió daños significativos. "Fue un martirio poder sacarla", lamenta el afectado, quien además señaló que tuvo que enfrentarse a gastos adicionales y trámites engorrosos para reparar los desperfectos ocasionados.
Este ciudadano también denunció la presunta colusión entre las grúas y las autoridades policiales, afirmando que este tipo de prácticas abusivas tienen como único fin el lucro a costa de los ciudadanos.
Ante estos testimonios, se hace evidente la necesidad urgente de revisar los protocolos de actuación durante los operativos, así como de investigar cualquier posible relación irregular entre las autoridades y las empresas de remolque.
