Integrantes del H. Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) hicieron un llamado urgente a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos de procuración de justicia, auditoría y contraloría para intervenir en el estado de Puebla, toda vez que el ejercicio del gobierno local, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, especialmente en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento.
A través de un pronunciamiento en redes sociales, dirigido al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los de la Cámara de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, entre otros, el Consejo Universitario hizo externa la acusación y persecución política contra del rector de la máxima casa de estudios, por parte del gobierno estatal.
“Ejemplo de ello es la persecución política que el Gobierno del Estado de Puebla ha emprendido contra el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz y, por lo tanto, contra la propia institución educativa; la cual consiste principalmente en una manipulación de las intuiciones del Estado para fabricar procesos judiciales sin fundamento, así como en el uso de un aparato propagandístico para afectar la imagen de nuestra máxima autoridad universitaria”, se lee como parte del documento.
Asimismo, argumentaron que, desde el cambio del Titular del Poder Ejecutivo, el Alfonso Esparza ha sido blanco de ataques no solo por parte del gobierno local, sino también de órganos estatales que debieran ser autónomos e imparciales en su actuar, como la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos titulares han emprendido acciones arbitrarias no sólo contra la cabeza de dicha institución, sino también en contra de su familia.
“Prueba de lo anterior son las denuncias que la Auditoría Superior del Estado anunció contra el rector Alfonso Esparza, por presuntamente obstaculizar la revisión de una Cuenta Pública, cuando la mencionada revisión era a todas luces ilegal; primero, por considerar una gestión financiera de sólo 11 meses del año 2019 y, después, por pretender revisar los recursos autogenerados por la BUAP y los correspondientes a pardas federales; estos últimos competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación”, mencionaron.
En tanto, afirmaron que dichas denuncias difundidas irregularmente a través de redes sociales –principalmente por la ASE-, así como aquellas infundadas y “anónimas” que la Fiscalía General del Estado ha aceptado y dado trámite contra el Esparza Ortiz, y, especialmente contra su familia, han hecho muestra de una clara violación a la presunción de inocencia, pues muchas de ellas se concibieron sin una revisión o una investigación seria sobre la presunta vinculación con la Universidad.
Y no solo eso, también aseguraron haber sido testigos de declaraciones en las que el Gobernador Barbosa ha aseverado tener pruebas de que el Esparza Ortiz ha participado en operaciones de desvío de recursos por hasta mil millones de pesos, es decir, un monto que habría dejado inoperable a dicha institución.
“Tenemos claro que todos estos hechos, como el propio Gobierno del Estado de Puebla lo ha manifestado en diversas comunicaciones oficiales, son represalias a la negativa del rector para renunciar a su cargo y para entregar al Poder Ejecutivo estatal el control de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”, expresaron.
Por todo lo anterior, manifestaron su apoyo a las acciones legales realizadas por el Alfonso Esparza para salvaguardar los derechos que le asisten, y responsabilizaron directamente al Gobernador del Estado de cualquier acto que atente contra sus derechos fundamentales, los de su familia o los de cualquier otra autoridad universitaria, pues los ataques no solo son dirigidos a la cabeza de esta Universidad, sino también contra todo lo que ello representa, incluidos los más de 105 mil estudiantes inscritos en alrededor de 200 programas de bachillerato, licenciatura, nivel técnico superior y de posgrado.
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Es importante mencionar que, el pasado 29 de octubre, el rector de la BUAP –en el marco de la IX Reunión del Consejo Universitario- a través de su mensaje exigió a las autoridades estatales presenten las pruebas necesarias para comprobar su “supuesta deshonestidad”, además de que se mostró abierto a enfrentar cualquier tipo de señalamiento y a someter los resultados de sus gestiones a revisiones minuciosas de las instancias correspondientes.
“Estamos seguros de que un gobierno estatal abierto y democrático apoyará la propuesta de que sus investigaciones y sus presuntas pruebas sean analizadas y acompañadas por instancias de justicia y auditoría federales; de lo contrario estaríamos ante un nuevo indicio de que la administración de Luis Miguel Barbosa tiene tendencias totalitarias y dictatoriales”, concretaron.
Sobre el tema, El Sol de Puebla solicitó una postura al Gobierno del Estado sin embargo la Dirección de Comunicación Social refirió que se fijaría una postura hasta la conferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa de este martes.
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