El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (ITAIPUE) ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión estatal de Derechos Humanos (CDH) informar cuántas carpetas de investigación se abrieron de 2015 a 2021, por el delito de trata de personas. Lo anterior después de que ambos sujetos obligados se negaran a difundir dicha información tal como les fue solicitada.
Según lo determinado por el órgano garante en su última sesión ordinaria, ambas entidades necesitan informar a la ciudadanía sobre el trabajo desempeñado en el periodo ya mencionado. El ITAIPUE señaló que un dato puede reservarse siempre y cuando la decisión esté sustentada en los estatutos estatales y nacionales. Sólo así el sujeto obligado puede ser excusado de compartir la información, pero es importante comunicarlo al solicitante.
En ese mismo acto, el Pleno del instituto, que está integrado por la presidenta, Rita Elena Balderas Huesca; así como la y el comisionado Nohemí León Islas y Francisco Javier García Blanco, pidió a otros dos organismos dependientes del gobierno estatal resarcir sus respuestas en dos solicitudes a las que no contestaron en los términos previstos en la ley.
Se trató concretamente de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).
En cuanto a la primera dependencia le fue solicitado informar sobre cuántos expedientes se encuentran en estado confidencial o reservado, mientras que a la segunda se le pidió difundir las facturas y los montos por concepto de compra y mantenimiento de equipo computacional. Por lo tanto, el órgano garante exhortó a ambas instituciones a informar conforme a lo solicitado, o bien, justificar la razón de la secrecía.
Del mismo modo, el ITAIPUE resolvió varios recursos de revisión interpuestos contra múltiples ayuntamientos, esto debido a que muchas comunas informaron de forma nula o parcial, o bien, no argumentaron su falta de respuesta, e incluso otras cobraron indebidamente el servicio de reproducción de la documentación, pese a que la información solicitada fue mediante medios electrónicos.
Por ejemplo, al gobierno de Huaquechula se le reclamó que no difundió las resoluciones emitidas por su órgano interno de control, ni tampoco compartió a un ciudadano el reglamento de la unidad de Transparencia de dicho municipio.
De hecho, esa misma comuna recibió la orden de dar a conocer la documentación correspondiente al nombramiento de un servidor público, cuyo expediente fue resguardado por la autoridad municipal. El señalamiento fue hecho por el propio Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), a través de la resolución con folio RIA-1176/22.
Algo muy similar sucedió en Atlixco, sólo que en este caso no se informó sobre las conciliaciones bancarias del gobierno, así como las compensaciones de una persona, supuestamente empleada gubernamental. En este caso el sujeto obligado únicamente debe dar a conocer, en caso de ser así, que la persona señalada no forma parte de la currícula municipal; en caso contrario, está obligado a difundir las remuneraciones solicitadas.
Por su parte, el ayuntamiento de Teziutlán no compartió los contratos y facturas referentes a una obra de infraestructura pagada con recursos públicos. Mientras que los gobiernos de Amozoc y Xochitlán de Vicente Suárez no respondieron a dos cuestionamientos en los que se pidió conocer información sobre los planes de gobierno enfocados a la atención de infancias.
En cuanto al municipio de San Pedro Cholula, un ciudadano denunció haber sido cobrado injustamente por el servicio de reproducción de información, esto pese a que se estableció la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como medio de recepción de los datos. En ese sentido, el órgano garante pidió al ayuntamiento justificar el cobro de esta gestión, o bien, otorgar de forma gratuita la información que le fue pedida.
Finalmente, cabe mencionar que el ITAIPUE resolvió un total de 65 recursos de revisión y 25 denuncias por incumplimiento, esto sin mencionar que sobreseyó 28 recursos y siete más fueron confirmados, debido a que los sujetos obligados no cometieron irregularidades en sus respuestas.
