El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, hizo un llamado a los diferentes órdenes de gobierno, para trabajar conjuntamente y garantizar el pleno funcionamiento de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia, que entró en vigor el viernes 04 de octubre.
La institución privada mencionó que, la administración municipal y estatal, deben poner en el centro del debate a las personas desaparecidas y sus familiares, porque son las principales afectadas.
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“Esta ley permitirá a las familias de personas desaparecidas en la entidad obtener ante la autoridad judicial el reconocimiento de la ausencia de sus familiares, bajo el principio de presunción de vida para asegurar su situación jurídica, patrimonial, laboral y de seguridad social”, se lee en el comunicado de prensa.
El instituto recordó que, colaboró en la elaboración de la primera propuesta de ley presentada por la entonces diputada local del PT, Mónica Silva Ruiz, quien impulsó el tema en la pasada legislatura.
La normativa busca ayudar a los parientes que tienen una persona en calidad de no localizada, porque se buscará garantizar la patria potestad de los hijos del desaparecido o desaparecida, así como proteger sus bienes.
Cuidar el patrimonio de la persona desaparecida, lo que incluye bienes adquiridos a crédito, y cuyos plazos de armonización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca.
Se deberá fijar la forma y plazos, para que familiares o personas legítimas por la ley puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de la persona desaparecida.
Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la persona desaparecida, continúen gozando de todos los derechos y beneficios.
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En el análisis de la normativa, el Colectivo Voz de los Desaparecidos jugó un papel fundamental, porque encabezó muchos esfuerzos para sacar adelante la ley.
Se aprobó el viernes 30 de agosto de este año y casi un mes después, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), por lo que ya está vigente en la entidad.