EL colectivo de Abogados Laboralistas del Estado de Puebla solicitará por escrito al gobernador Miguel Barbosa Huerta, la destitución de Mario Arturo Daza Buendía como titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), por las omisiones, conflictos y falta de respuesta a las demandas, principalmente de los trabajadores que fueron despedidos injustamente.
El documento expresa que las actuales decisiones de la junta representan “un perjuicio” para todos los involucrados en un juicio laboral, destacando que hay “un total desconocimiento de la Ley Federal del Trabajo y el reglamento interno de la Junta Local”.
“A fin de que no se siga tergiversando el estado de derecho y evitar que se vean menoscabados los derechos humanos de todos los usuarios de la dependencia mencionada y dada la notoria ineptitud demostrada por el que se lleva la dirigencia de la misma. Se pide formalmente la renuncia del que hasta ha mal conducido a un órgano de impartición de justicia, de gran importancia social”, refiere el documento.
En entrevista, la abogada Claudia Cortina, advirtió que los malos procedimientos que se realizan en la junta estarían afectando a 4 mil 500 demandas laborales, afectando principalmente a empleados despedidos.
Por otra parte, refirió que las modificaciones para la recepción de demandas son insuficientes y que no permite atender otros juicios.
Cortina explicó que la ampliación en la entrega de documentos debe de ir acompañado de un cambio en el sello, pues de lo contrario, al iniciar un juicio, la contraparte podrá señalar que hay una suscripción.
“Estamos pidiendo que se revoque el acuerdo, porque siempre deben de ser en beneficio de quien lo solicita no en perjuicio, y aquí está sucediendo todo lo contrario, es violatorio de garantías y derechos para la parte trabajadora (...) Deben de darse todos los acuerdos para que todas las demandas entren a término”, comentó.
La litigante laboralista señaló que el comportamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la pandemia no fue óptimo, pues cerraron de manera definitiva 6 meses, con el riesgo de acumular a los 30 mil expedientes que siguen sin resolución.
