Pese a la emisión de las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que pretende facilitar la restitución de derechos de víctimas directas e indirectas de ilícitos en Puebla, las familias de personas desaparecidas carecen de certeza jurídica para acceder a este recurso, pues el Congreso local sigue sin aprobar la Ley para la Declaración Especial de Ausencia, expuso la maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Puebla, Shanik Amira David George.
Luego de reconocer que la conformación del mecanismo para asignar los recursos del FAARI, esto por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAVI), la investigadora, quien también preside el Observatorio Con los Ojos Abiertos, defendió que la reparación integral del daño a víctimas de ilícitos en Puebla todavía no está garantizada por completo.
“Hay una parte donde habla de las víctimas indirectas (…) [y menciona] los casos donde la víctima haya sido la proveedora económica o se vea imposibilitada para trabajar. Ahí lo primero que se me ocurrió fue una persona desaparecida (…) [Las reglas de operación dicen] que la familia de la víctima indirecta va a poder recibir estos apoyos (…) necesitan una declaración especial de ausencia”, detalló la especialista.
David George expuso que la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, iniciativa que está pausada desde el año pasado en el Congreso local, la cual busca otorgar certeza jurídica a las personas desaparecidas en Puebla y sus seres queridos, es un pendiente que el Estado poblano tiene con las víctimas de este delito.
“Recordemos lo que está pasando en el Congreso, la iniciativa que se presentó el año pasado sigue estancada, entonces, el hecho de que se necesite una declaración especial de ausencia para acceder a estos recursos deja en indefensión a las familias de personas desaparecidas, porque no tenemos esa legislación“, remarcó la profesora.
La investigadora precisó que, aunque ya existen las reglas para emplear el Fondo —hecho inédito en la CEAVI—, las personas afectadas directa o indirectamente por el delito de desaparición no tienen la seguridad de acceder al mismo.
Lo anterior debido a que, pese a que el gobierno estatal cumplió con su obligación de establecer los lineamientos para obtener los recursos del FAARI, el Poder Legislativo local aplazó la discusión y aprobación de la mencionada ley.
Esto es importante debido a que la CEAVI estipuló que, para poder ser beneficiario del recurso, las víctimas indirectas del delito de desaparición deben justificar la ausencia de una persona mediante la presentación de una declaratoria especial, situación que no es posible debido a que no existe una ley para ello.
“Ya la CEAVI incluyó a la declaración especial de ausencia en sus reglas de operación, pues que también impulse [su aprobación], que se logre esta legislación”, opinó.
Por otra parte, David George aseguró que el FAARI debe tener mayor apertura con las víctimas directas e indirectas en la entidad, pues, pese a que ahora hay reglas de operación para acceder al mismo, hay lineamientos que no son lo suficientemente claros y, por ende, da paso a la malinterpretación del mecanismo.
“Se debe facilitar el hecho de que las víctimas puedan acceder a estos recursos. También deben tener apertura con las víctimas, digo, saber cuáles son las necesidades que tienen para atender esos aspectos”, expuso.
Uno de estos puntos, manifestó la catedrática, fue que para acceder al Fondo es necesario estar inscrito en el Registro Estatal de Víctimas, lo cual solo es posible si se cuenta con un comprobante de domicilio en Puebla. Esta situación, afirmó la investigadora, pone en riesgo a las personas en situación de calle que se convierten en víctimas de ilícitos, o incluso a las personas migrantes, por ejemplo.
Del mismo modo, consideró que los requisitos para ser beneficiarios del recurso de la CEAVI deben ser más flexibles, pues en uno de los apartados del FAARI se indica que es necesario contar con una cuenta de débito para que la dependencia pueda depositar el dinero correspondiente al programa, sin embargo, esto se contrapone como un obstáculo para quienes no cuentan con dicho servicio.
David George enfatizó que, aunque la reciente publicación de las reglas de operación del FAARI contribuye a la atención de quienes han sufrido delitos en el estado, la propia Ley de Víctimas debe reformarse para cubrir las necesidades actuales de la población, pues afirmó que hay varios preceptos que son incompatibles con el contexto actual.
“La Comisión puede impulsar reformas a la propia ley, porque la misma no se ha reformado desde que se publicó, es decir desde 2019. Tal vez podría ver lo que se puede mejorar en la protección a víctimas en Puebla”, añadió.
Finalmente, cabe recordar que el gobierno estatal publicó a finales de 2023 los criterios para la distribución del Fondo, situación que se constituyó como un rezago de la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, pues, desde la constitución de la CEAVI, en 2020, a finales del año pasado, nunca se conformaron los lineamientos. Esta situación provocó que el Estado poblano fuera incapaz de garantizar la restitución de derechos a las víctimas directas e indirectas de delitos en la entidad.
Mediante el FAARI, la institución, que es dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), otorga a los beneficiarios recursos económicos de forma periódica para garantizar el acceso a servicios dignos de salud, educación, alimentación, entre otros.
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