La Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad Privada AC (Anainse) exigió piso parejo al Congreso del Estado por la diferencia en el monto de recaudación referente al pago de derechos y revalidación anual de los permisos exigidos por los controles de confianza que su personal necesita aprobar.

Y es que para conseguir la autorización de funcionamiento que exige el Estado, los empresarios de la industria de la seguridad deben pagar 95 mil 80 pesos, en suma, por las modalidades de derechos exigidos, mientras que para obtener los permisos federales el costo es de 46 mil 315 pesos.

Agustín Fernando Ortiz Figueroa, integrante de la Anainse declaró que se les exige contar con el certificado de control de confianza vigente, expedido por el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado, mismo que excede los requisitos federales.

Comentó que en Puebla hay 481 empresas de seguridad privada de las que sólo 231 están registradas; 222 tienen licencias de operación y alrededor de 64 han sido sancionadas de las que 10 tienen sus puertas selladas.

El integrante de la Anainse en Puebla consideró que los controles de confianza exigidos por las autoridades son injustos, pues se aplican en las mismas modalidades que a los elementos del Sistema Nacional de Seguridad Pública aunque sus empleados no son formados como policías.

De esta forma, Ortiz Figueroa denunció que dentro de la Anainse peligran 10 mil empleos debido a que los controles son excesivos para sus trabajadores de confianza, por lo que pidieron reducir los trámites.

Finalmente, solicitaron que la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Puebla, así como su reglamento se redacte en conveniencia con lo que exige la Ley Federal.