A cinco años del enfrentamiento en San Bernardino Chalchihuapan que provocó la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, su madre, Elia Tamayo Montes exigió que se reabra el caso para que los responsables del ataque sean encarcelados, pero además que se abroguen las reformas a la Ley Orgánica Municipal que causaron el operativo del 9 de julio de 2014.
Al inaugurar la exposición fotográfica “5 años de impunidad, 10 días de agonía”, en el zócalo de la ciudad de Puebla, Araceli Bautista, integrante del Centro Estatal de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, anunció que en noviembre publicarán un libro de la verdadera historia de Chalchihuapan con los nombres de los funcionarios que se quisieron esconder tras los hechos.
“Todo está documentado. Ese libro va a salir y por ahí me dijeron, ya se murieron (Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso), no sé si estén o no, no importa, lo que sí importa es que se haga justicia y va a salir la verdad, la verdad oculta, lo que no se dijo. Todos esos nombres que, aunque ya no estén en este mundo van a salir a la luz, van a estar para la historia”, dijo.
Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie –quien murió tras recibir el impacto de una bala de goma en el enfrentamiento del 9 de julio de 2014–, exigió justicia y de ser posible que el gobierno entrante que encabezará Luis Miguel Barbosa Huerta reabra el caso, voltee a ver a quienes necesitan justicia y que haga su trabajo como lo ha prometido.
“Como siempre dije, yo solo quiero justicia. Pues sí (que reabra el caso) sería imposible pero sí”, dijo con lágrimas en los ojos al recordar el fallecimiento de su hijo.
Hilario Gallegos Gómez, también miembro del Centro Estatal de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie, solicitó al Congreso de Puebla una revisión exhaustiva a la Ley Orgánica Municipal en el capítulo que habla del registro civil en las juntas auxiliares para que los pueblos tengan más facultades y que los presidentes subalternos puedan gestionar recursos de la federación.
Para ello tuvo acercamientos con los diputados Raymundo Atanacio Luna, Miguel Trujillo de Ita y Mónica Lara Chávez, quienes analizan la petición del activista que además sugirió organizar foros entre organizaciones de la sociedad civil y pobladores de comunidades para reformar la ley.