Por no dictaminar su cuenta pública en el plazo legalcorrespondiente, fue el amparo que presentó el expresidentemunicipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en contra del Congresolocal y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por el Iniciode Procedimiento Administrativo de Determinación deResponsabilidades (IPADR) que aprobaron en su contra desde elpasado 6 de enero.
En entrevista telefónica, Rivera Pérez recordó que fue elpasado 20 de enero cuando se presentó a la audiencia en la ASE,momento a partir del cual empezó a correr un plazo de 30 díashábiles para que el Congreso local dictaminara su cuenta pública2013, el cual se venció y por eso recurrió al Poder Judicial dela Federación.
"Como no cumplieron el plazo de 30 días que señala elartículo 68 fracción II de la Ley de Responsabilidades deServidores Públicos para resolver en definitiva y tenían 30 díaspara hacerlo. Como no lo hicieron acudí a la justicia federal y eljuez ha admitido el amparo", explicó.
Por ello, anunció que el Congreso local y la Auditoría tienenun plazo de 15 días hábiles para contestar la demanda a travésde un informe por escrito. “La autoridad federal le instruye alCongreso del estado y a la Auditoría para que en 15 días hábilesacudan ante el juez federal y contesten esta demanda de amparo através de un informe y el 25 de abril habrá la audiencia depruebas y alegatos, por lo tanto la Comisión Inspectora tendráque sesionar y luego convocar a una sesión extraordinaria y tomaruna decisión”.
Reconoció que este amparo no lo blinda de que el Congreso localdecida imponerle una sanción que puede ser económica o hasta unainhabilitación, sino que lo obliga a tomar una decisión dentro deun plazo establecido por la justicia federal, luego de que vencióla fecha para emitir dicha resolución.
Informó que además de no cumplir el plazo, tiene documentadasotras 23 violaciones a sus derechos que denunciará ante la mismainstancia federal, para que sean sancionadas.
Entre estas omisiones cometidas por el Congreso local y laAuditoría, señaló que se le ha requerido información referenteal ayuntamiento que ya no tiene en su poder y que debe sersolicitada a la actual administración municipal.
“Al Ayuntamiento actual de Puebla es a quien se le tienen querequerir los documentos, es al que se le tienen que solicitar losinformes y si de ahí se desprenden irregularidades, se procede aimpartir las sanciones a los funcionarios responsables. Aquí hayvarias violaciones porque a mí se me ha requerido información queno está en mis manos, que obra en poder del Ayuntamiento”.
Insistió que este tipo de violaciones son prueba de unapersecución política, por lo que advirtió que en caso de que sesigan cometiendo impugnará ante las instancias federales, hastalas últimas consecuencias.
