En Puebla, el 86.7 por ciento de la población que ha sido víctima de un acto de corrupción no denunció, reportó el estudio de 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta mala práctica existe porque los estándares de impunidad y falta de sanciones a quienes la comenten, agregó Claudia Ramón Pérez, investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP.
La corrupción es un régimen político que premia especialmente el robo de dinero público, que van desde las cadenas de soborno hasta desvío de recursos, explicó Juan Luis Avendaño, politólogo de la Universidad Iberoamericana.
Este 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción y en la entidad poblana existen estadísticas del INEGI desfavorables como que en un año sólo 10 servidores públicos han sido sancionados por estos delitos, además de que sólo están en procedimiento legal 47 de 440 investigaciones iniciadas, lo que representa apenas un 10.6 por ciento.
Asimismo, Puebla tiene 1 queja por cada 100 servidores públicos, a los que se les inició un proceso de denuncias en los organismos de control interno de alguna dependencia.
NI IMPUNIDAD NI FINES POLÍTICO
Claudia Ramón Pérez, investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, señaló que la nueva administración de izquierda tiene la oportunidad de terminar con este denominado “cáncer” y realizar acciones que erradiquen estas malas prácticas.
Para ella, uno de los temas que consideró que se deben de revisar, es la impunidad, ya que muchos funcionarios abusan de su cargo, precisamente porque conocen que no serán sancionados.
“Los ciudadanos quisiéramos es ver que realmente hay un combate, que no haya simetrías en ese sentido, que se detengan (funcionarios) y haya sanciones”, dijo al señalar que otra de las apuestas son la rendición de cuentas, para conocer los montos de la corrupción, pero también, si se recuperan, ver en que se están invirtiendo.
Además, que este tema no sólo sirva como venganza política y que ahora, la nueva administración sea más transparente en el tema de licitaciones y adjudicaciones las obras, además de revisión puntal de los programas sociales.
Señaló que recientemente se hizo público el tema de la revocación de las notarías de la administración morenovallista, pero que el compromiso de la administración de Luis Miguel Barbosa debería ser un proceso abierto y transparente, para que evite la politización.
Hasta qué punto realmente hay un deseo de acabar con la corrupción y la impunidad y hasta que medida, puede ser utilizado en contra de los adversarios o los que se opongan a ciertas prácticas de la administracióncomentó.
El académico, Juan Luis Avendaño agregó que en estos cuatro meses no se puede dar un balance del combate a la corrupción de esta administración, aunque si fue claro al señalar que los retos son grandes.
Uno de los temas, consideró es la transparencia en temas como las licitaciones de obra, así como seguir las cadenas de corrupción, que en algunos casos involucran a los empresarios por los denominados “moches”. Además, de mantener el trabajo coordinado de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Hay mucho por hacer por este camino y lo mejor es que se desarrolle en Puebla un gobierno abierto
DEPURACIÓN EN LA FISCALÍA
Para Paola Guyot González, académica de la Escuela Libre de Derecho, uno de las áreas que tiene que revisar la administración de Miguel Barbosa es la Fiscalía General del Estado, pues existen actos de corrupción. “En este momento Puebla deja mucho que decir a nivel nacional y necesitamos tener más capacitación”, agregó.
La también abogada comentó que, en una audiencia, un ministerio público no pudo acreditar un delito patrimonial por falta de conocimientos e investigación, pero que intervino un juez de control para que no pasara a mayores: “llama mucho la atención, por tratarse de un delito patrimonial, si a ese nivel vemos esa deficiencia ya te imaginarás como estarán en los otros delitos”.
“He escuchado que de ministerios públicos que reciben órdenes, entonces, el problema es que saben acreditar un delito, pero reciben órdenes diferentes”, dijo al decir que se debe hacer una depuración de cargos y que estos cambios sean vigilados para no incurrir en abusos.
Guyot González hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso y no propiciar actos de corrupción, pues si esta situación persiste se debe a que la gente también ha decidido pagar a servidores públicos.