Falta de recursos y profesionalización son los principales impedimentos para que los ayuntamientos cumplan sus obligaciones de transparencia, situación que vulnera el derecho humano a la información, advirtió la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (ITAIPUE), Rita Elena Balderas Huesca, quien, a su vez, consideró que el presupuesto destinado a este órgano garante debe fortalecerse.
En entrevista con El Sol de Puebla, la titular del órgano garante reveló que los gobiernos municipales son los sujetos obligados con más rezago en materia de transparencia, condición que muchas veces es causada principalmente por la falta de recursos económicos y humanos.
Informó que el ITAIPUE detectó recientemente que varios ayuntamientos carecen de computadoras o servicio de internet, por ejemplo, situación que vulnera el acceso a la información de la ciudadanía.
“El mayor reto es que los ayuntamientos se suban, definitivamente, al tema de transparencia. Estamos armando una estrategia de capacitación y acercamiento regional, pero entendemos las carencias [que existen], como el número de personal, o la falta de internet, pues hay ayuntamientos en donde tener internet es difícil”, remarcó.
En ese sentido, expuso que el organismo es “sensible” sobre las carencias que enfrentan los gobiernos municipales, no obstante, reconoce que este tipo de obstáculos deben ser atendidos con más dinero público y capacitación.
En cuanto a la profesionalización de los servicios públicos, Balderas Huesca afirmó que el ITAIPUE estableció una ruta de capacitación al interior del estado, con la cual se busca intensificar la presencia del instituto al interior del estado.
Refirió que los presidentes municipales, en su mayoría, han demostrado estar comprometidos con el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, en muchos casos no cuentan con el personal suficiente para cumplir con este tipo de responsabilidades.
Pese a ello, Balderas Huesca indicó que hay varias autoridades locales que se muestran “apáticas” ante la necesidad de llevar a cabo este tipo de acciones, pero no detalló qué ayuntamientos se encuentran en esta situación.
Del mismo modo, reveló que hay siete gobiernos municipales que son completamente opacos. No obstante, debido a que todavía se realizan los procesos de verificación de obligaciones, evitó señalar a dichas demarcaciones.
Carga de trabajo rebasó al ITAIPUE
Por otra parte, la comisionada presidenta del ITAIPUE reconoció que el órgano garante se encuentra rebasado por la carga de trabajo que ha implicado la creciente demanda de información desde la ciudadanía.
Aunque remarcó que el hecho de que haya crecido el número de solicitudes de información, así como los recursos de revisión, es un logro importante para garantizar un Estado democrático y transparente, esta condición también implica nuevos obstáculos para el organismo.
“Tenemos falta de personal, y al final (el rezago) lo podemos solventar con recursos y personal”, señaló.
Desde marzo de 2022, cuando la excomisionada Claudette Hanan Zehenny abandonó el cargo que había asumido tan solo tres meses antes, el ITAIPUE acumuló una importante cantidad de expedientes que representaron un rezago en su operatividad, pues la vacante fue cubierta hasta julio de 2022, reconoció Balderas Huesca.
Aunado a lo anterior, resaltó que el órgano garante no tiene la totalidad de sus plazas cubiertas, esto sin contar que el presupuesto no es suficiente para cumplir adecuadamente con todas las responsabilidades que tiene la institución.
Cabe recordar que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2023, al ITAIPUE se le asignaron 19 millones 986 mil 073 pesos para garantizar su funcionamiento durante todo el año. Esta cantidad representa apenas el 0.0167 por ciento del presupuesto total del estado, que fue de 119 mil 199 millones 875 mil 778 pesos.
Finalmente, y en otro orden de ideas, Balderas Huesca se mostró inconforme con la situación que en meses pasados vivió el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuando el Senado de la República omitió designar la vacante que le impidió a dicho órgano colegiado operar.
Argumentó que, si bien existe la diversidad de opiniones, la sociedad mexicana debe ser consciente del papel que juegan los institutos de transparencia en la preservación de una república democrática, toda vez que éstos defienden un derecho humano reconocido por organismos internacionales, el de estar informado.
