En el Poder Judicial del Estado de Puebla, la impartición de justicia se ve afectada por retrasos significativos que ponen en entredicho la prontitud y eficacia del sistema judicial. En los juzgados de la región, se acumulan numerosos expedientes sin resolver, algunos de los cuales deberían haber recibido sentencias en un plazo de meses, principalmente porque involucran a infancias, pero llevan más de cinco años sin que se emita un veredicto.
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De acuerdo con las personas afectadas que entrevistó este medio, los jueces, que son las autoridades encargadas de administrar justicia y tienen la responsabilidad de resolver conflictos de manera imparcial y conforme a derecho, muy pocas veces estudian los casos, se desentienden de los expedientes y se muestran indiferentes con la dilación.
Por su parte, los secretarios de acuerdos deberían de desempeñan un papel crucial, ya que ellos tienen que asegurar que los trámites se realicen de manera adecuada y eficiente. Sin embargo, esto no ocurre, y se presume que son los principales revictimizadores de las personas que acuden por justicia y son los principales en promover la corrupción.
De acuerdo con abogados especialistas en el tema, un retraso injustificado en la emisión de sentencias no solo afecta a las partes involucradas en un proceso legal, sino que socava la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de velar por la justicia de los poblanos.
Dilación supuestamente es por carga excesiva de trabajo
“Lety”, como la llamaremos en este material, comenzó su caso en el 2020. Ella y su ex esposo decidieron divorciarse y escribieron un convenio con respecto a la guardia y custodia, visitas y la pensión de alimentos. Todo estaba bien hasta que esta mujer reclamó que su ex pareja no estaba pagando la pensión; en presunta venganza, el hombre se llevó a sus hijos a Veracruz y en Tierra Blanca promovió un juicio de custodia más otra de alimentos.
Las autoridades veracruzanas no investigaron lo que jurídicamente se había hecho en Puebla y le avalaron lo que pidió. Desde ese momento no puede ver a sus hijos.
“En Veracruz, este hombre les dijo que no tenía trabajo, lo cual es falso, trabaja en una armadora en Puebla, dijo que tenía a los niños y que yo tenía que pagar los alimentos. Proporcionó los datos de mi trabajo, mis ingresos y pidió un porcentaje del 50 por ciento bruto. Aquí pasó algo importante porque lo hizo en el momento que me ascendieron, era el fruto de muchos años de trabajo y él se aprovechó”, comentó.
Las autoridades poblanas no tenían idea de todo lo que sucedió en Veracruz y al solicitar ayuda del Poder Judicial del Estado de Puebla, le dijeron que tenía que acudir a Tierra Blanca, ubicar su expediente y posteriormente anexarlo al que ya existía en el territorio poblano. Pese a que las autoridades fueron omisas, no ella, el caso sigue sin sentencia.
De acuerdo con el protocolo para juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los casos que tienen que ver con menores de edad deben de concretarse con prontitud y avalar que se realice de manera efectiva y propiciando que se haga valer el debido proceso. Con Lety, esto no ha ocurrido.
“Cambié mucho de abogados y ahora mi defensa, que son los que de verdad me están ayudando, solicitaron que se reactiven las visitas y convivencias que están decretadas en Cecofam, ya tiene más de tres meses que hicimos esa solicitud, pero en eso también hay omisiones. Hay una dilación reiterada y no sabemos si es adrede”, lamentó.
La defensa de Leticia ha pedido argumentos acerca de la dilatación y la única respuesta es que hay mucha carga de trabajo, pero en este punto, recordaron que todos los temas que tienen con menores de edad son de “interés superior” y no debería de llevar más de un año.
Su caso se está llevando a cabo en el Juzgado Segundo de lo Familiar de Cholula, Puebla y sus abogados tienen conocimiento de otros 10 casos en donde no han logrado sentencia por varios años.
Lleva más de 7 años sin sentencia y para agilizar el proceso le pidieron 40 mil pesos
Claudia es una mujer que lleva siete años sin sentencia y, por tanto, no puede vivir con su hijo. Tenía una relación muy problemática con su ex pareja y él, un día, la corrió sin sus pertenencias. Esto ya había ocurrido en ocasiones anteriores y creyó que todo se solucionaría, pero no fue así.
Pasó el tiempo, le restringieron el acceso al fraccionamiento en donde vivía, luego en el colegio y en las clases extracurriculares que tenían sus hijos. Cuando intentó hablar con los menores, se dio cuenta que ya estaban influenciados por su padre y la tacharon de mala madre, de borracha y de fiestera, pero esto nunca ocurrió.
Acudió al Poder Judicial de Puebla y que ahí promovió la guarda y custodia, no sin antes, de que los encargados la hicieron hacer tres citas en diferentes días para poder arrancar su proceso.
El 15 de mayo del 2017 le dieron su primera mediación, pero su ex pareja no se presentó. Al tiempo, este hombre también hizo su trámite, pero en el Segundo Juzgado de lo Civil de Cholula, en donde sin tanta burocracia, le avalaron la guarda y custodia. Los encargados no se dieron a la tarea de revisar que ya había un expediente previo.
“Hasta el día de hoy seguimos en el juicio de guarda y custodia provisional, no se ha resuelto siete años después. Fui a hablar con el juez que me tocó en ese entonces, le dije todo lo que había pasado, la trampa que puso acudiendo a otro juzgado, pero solo me dijo que se había confiado de su secretario de acuerdos, que él era el que llevaba todos sus casos, que él no estaba enterado y que por eso le dieron la custodia de mis hijos”, relató.
Claudia se dio cuenta que el juez no tenía claridad de los expedientes y el único argumento para escudarse fue que tenía muchos casos similares. Posteriormente, el secretario de acuerdos le pidió 40 mil pesos para darle la custodia, se negó, pero a los pocos días, “casualmente”, le reafirmaron la custodia a su ex.
“No estoy asegurando que él haya dado dinero, pero si el secretario de acuerdos tuvo las agallas para ofrecerme dinero, yo creo que a él también y mi ex esposo tiene dinero. Luego otro secretario de acuerdos me invitó a salir, me decía que me veía muy guapa, que, si podíamos tener algo y me metió miedo, porque si le decía un no, habría consecuencias, entonces tuve que darle largas. Ha sido un proceso muy desgastante”, lamentó.
A partir de ahí, el caso ha pasado por un sinfín de jueces, secretarios de acuerdos, abogados y al día de hoy, no hay sentencia definida. Su hijo el mayor ya cumplió 18 años y por todo lo que le dijo el padre, se niega a ver a Claudia. Ahora sólo espera recuperar al más chico.
El caso está siendo ejecutado en el Juzgado Primero de lo Familiar en Cholula y en una ocasión, la jueza le dijo que ella había sido la culpable de todo por “abandona hogares” y cuando Claudia le refirió que eso nunca había sucedido, ofreció una disculpa, pues “tiene tantos casos que se confunde entre uno y otro”.
Los abogados que llevan ambos casos, explicaron que los expedientes sin resolver son “una tortura” para los ciudadanos, ya que en estas dos historias que se presentaron, los niños y madres son los afectados, pero hay casos en donde personas se mueren sin que tengan una sentencia de divorcio o que fallecen en la cárcel sin ser condenados.
Desde su óptica, es imperativo que las autoridades del Poder Judicial de Puebla, tomen medidas concretas para agilizar los procesos judiciales, garantizando que la justicia se imparta de manera pronta, eficaz y transparente. Solo así, se podrá restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y asegurar el pleno respeto de los derechos de todas las personas.
De las carpetas de investigación que se abren muy pocas obtienen sentencia el mismo año
El Sol de Puebla consultó al Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) acerca de esta situación, ya que ellos llevan un reporte de carpetas de investigación iniciadas y sentencias que emitió el Poder Judicial del Estado de Puebla y confirmaron que son muy pocas las indagatorias que el mismo año de apertura consiguen culminación de proceso.
Detallaron que, en el 2022, se abrieron 8 mil 192 carpetas por violencia familiar y ese mismo año, sólo 13 lograron una sentencia definitiva. En el caso de las violaciones sexuales, se abrieron 817 indagatorias, pero sólo 21 alcanzaron sentencia para ese año, pero no sólo los delitos que tienen que ver con mujeres e infancias pasan por esta situación, sino que los ilícitos en general
Los robos con violencia reportaron 13 mil 810 carpetas de investigación y ese año no hubo ni una sentencia, el homicidio doloso enlistó 909 y de esta cifra, sólo ocho lograron sentencia, el robo a casa habitación tuvo 2 mil 537, pero de nueva cuenta, ni una sola sentencia se ejecutó.
Para el Instituto, es importante llegar a una sentencia, ya que sólo así, se le podrá dar tranquilidad a las víctimas y sólo así, se podrá lograr una verdadera justicia.
