En tan solo 20 días el número de investigaciones en contra de trabajadores del Poder Judicial incrementó de 121 a 160 y de esta última cifra, 60 son en contra de jueces de primera instancia, indicó Carlos Palafox Galeana, titular del Consejo de la Judicatura. El objetivo de estos procedimientos es descartar o confirmar actos de corrupción.
“Nosotros estamos en permanente comunicación con los ciudadanos que se ven afectados por decisiones de este Tribunal, tenemos más de 160 procedimientos iniciados contra más de 60 jueces para revisar que su actuación sea de acuerdo y con lo que establece nuestra normatividad”, comentó en una entrevista que ofreció a La Jornada de Oriente.
El titular dijo que en el Consejo de la Judicatura no permitirán la impunidad y el exhorto es que toda la población presente quejas en contra de los servidores públicos del Poder Judicial en caso de ser víctimas de alguna irregularidad o que crean que los jueces incurren en actos de corrupción.
“Creo que vivimos en una caja de transparencia absoluta y es a lo que aspiramos, a un estado democrático, y por supuesto que si hay algún señalamiento de a cualquier índole tenemos que investigar y lo estamos haciendo”, agregó.
Para concluir su entrevista, recordó que iniciaron dos procesos en contra de jueces que liberaron a dos presuntos violadores y a un presunto violador y que fueron expuestos por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.
Aclaró que es un procedimiento abierto y no hay una fecha exacta para que concluya. No obstante, se comprometió a hacerlo público cuando hayan concluido las investigaciones.
“A estos jueces que fueron señalados ya les iniciamos un procedimiento administrativo y en esa parte estamos (…) puede terminar el proceso en sanciones, destituciones”, concluyó.
Fue el pasado 1 de agosto, cuando el Consejo de la Judicatura informó que llevaban 121 investigaciones por presuntos actos u omisiones en contra de personas servidoras públicas adscritas al Poder Judicial, y de esta cifra, 52 eran en contra de jueces de primera instancia.
En un comunicado de prensa, el Consejo informó que lo anterior estaba en apego a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás disposiciones aplicables. En suma, que estas acciones eran parte de sus facultades constitucionales de vigilancia, evaluación de desempeño y disciplina.
Investigaciones se intensifican luego del llamado de AMLO
Hay que recordar que los últimos días de julio, el Consejo abrió dos investigaciones en contra de jueces por presuntos actos de corrupción. Las investigaciones fueron a raíz de que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y su subsecretario de seguridad pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibieron a las autoridades poblanas y dejaron entre ver que favorecieron a los supuestos culpables, en vez de las víctimas.
Dl 25 de julio, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de seguridad pública federal, informó que el juez poblano Francisco Javier Martínez Castillo benefició a dos secuestradores, pues cambió las medidas cautelares y les otorgó libertad de jurisdicción.
La víctima fue rescatada en un motel y los dos presuntos culpables fueron detenidos. Incluso, se les formuló imputación y se les impuso prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, ante los reiterados cambios de defensores, la audiencia intermedia no se llevó a cabo y en junio, la defensa promovió un amparo para la revisión de medidas cautelares, las cuales avaló dicho juez.
Tres días después, el Consejo de la Judicatura ordenó el inicio de las investigaciones pertinentes a fin de revisar la actuación y desempeño de Francisco Javier, juez de control de la región judicial centro adscrito al Poder Judicial de Puebla.
Investigan a juez que ha dejado libre a varios presuntos violadores sexuales
Para el 31 de julio, en su habitual conferencia matutina, el presidente de nueva cuenta lamentó que jueces poblanos hayan favorecido a dos secuestradores; y agregó el caso de un juez que dejó libre a un presunto violador sexual. También confirmó que el fiscal, Gilberto Higuera Bernal, fue quien realizó la denuncia correspondiente para exponer esta situación.
El caso de la violación sexual, se trató de un niño de Aquixtla que fue abusado por un diácono de su comunidad y cuando se supo del hecho, los pobladores querían lincharlo, pero la familia del menor intervino para que se hiciera justicia en los tribunales.
Desgraciadamente esa justicia no llegó y los primeros días de julio fue liberado y exonerado gracias a Aarón Hernández Chino, juez de control de la región judicial norte, con sede en Zacatlán. La familia del menor argumentó que ya son cinco presuntos violadores sexuales que deja libre.
Horas más tarde, y en relación a los señalamientos en contra de este juez, por dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva del diácono Gerardo N, el Consejo anunció otra investigación a través del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, a fin de revisar su actuación y desempeño.
