Ante la eventual disminución de precipitaciones en Puebla y México durante 2024, que llevará al estado a enfrentar una de las temporadas de estiaje más críticas del siglo, especialistas urgen robustecer la normativa en materia hídrica a nivel local y nacional para inhibir y sancionar el desperdicio, distribución inequitativa y robo de agua, entre otras problemáticas. Esto buscaría, además de lo anterior, combatir la opacidad en el manejo de concesiones e instaurar una Policía Hídrica o Policía del Agua, como ocurre en otras partes del país y del mundo.
De cara al inicio del equinoccio de primavera, que será la noche del martes 19 de marzo, investigadores advierten de la necesidad de proteger los recursos hídricos en Puebla, ya que su disponibilidad será menor.
Entre marzo y agosto de este año, por ejemplo, se pronostican lluvias escasas por la temporada de estiaje, y de las 11 olas de calor que llegarán al estado en 2024. Aunado a ello, dice Francisco Javier Sánchez Ruiz, catedrático e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se reducirá la disponibilidad de agua potable en varios municipios de la entidad, entre ellos la capital del estado, que es la demarcación más habitada de Puebla.
Dicho efecto, advierte el académico, se agudizará mientras no se proteja el recurso local y federal, mediante reformas que refuercen su conservación y la puesta en marcha de un nuevo instrumento de vigilancia, concientización y cuidado de las normas.
Sánchez Ruiz afirma que durante esta época aumentará el consumo y desperdicio del agua debido a las altas temperaturas que predominan en el país y estado. Por si ello fuera poco, las tradiciones culturales y religiosas de Semana Santa, que incluyen la utilización indiscriminada de agua potable un día de la semana, agudizará la reducción del recurso hídrico en ciudades como Puebla, sostiene el especialista.
Por su parte, Guillermina Margarita López Corral, catedrática y responsable de Acción Ambiental del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga S.J. (IIMA), de la Universidad Iberoamericana Puebla, opina que las leyes actuales en materia hídrica no son compatibles con el contexto y necesidades actuales del país y estado.
Señala que, más allá del desperdicio de familias y usuarios domésticos, es necesario regular el agua industrial, además de rediseñar el sistema de otorgamiento y restricción de concesiones hídricas en el país, lo anterior para hacer más transparente su uso.
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Causas del desperdicio de agua
Según la empresa Agua de Puebla, propietaria de la concesión para distribuir el recurso hídrico en el municipio de Puebla y la zona conurbada, en la temporada de estiaje de 2024 se prevé un aumento de 30 por ciento en el consumo regional. Lo que no subirá, sin embargo, es la captación hídrica, pues, según la compañía, “los niveles de los mantos acuíferos se reducen y baja su disponibilidad, por lo que el caudal de pozos disminuye y se extrae menos agua de estos”.
Sánchez Ruiz asegura que en Puebla se dilapida alrededor de 40 por ciento del agua potable que se distribuye en la zona metropolitana de la capital del estado.
De esta última cifra, aproximadamente 60 por ciento se pierde en fugas y otros desperfectos en la red de suministro. Esto lo convierte en la principal causa de desperdicio a nivel regional.
Otro 30 por ciento representa la mala utilización del agua, tanto a nivel doméstico como industrial e incluso agrícola, que provoca que el recurso no se aproveche. Aquí también se concentra el hurto hídrico, actividad conocida como huachicoleo de agua.
“Se relaciona esencialmente al consumo excesivo dentro de los hogares (...) puede incrementarse el porcentaje debido a fugas internas, o bien cuando se utiliza en alguna otra actividad que no sea la que corresponde al uso de este líquido (como el robo)”, argumenta el profesor.
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El 10 por ciento restante, destaca el catedrático adscrito a la plantilla de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), corresponde a la pérdida por evaporación, que muchas veces causan las fugas internas de los usuarios.
Al respecto, López Corral explica que, a nivel regional, el sector industrial, en específico las compañías productoras de bebidas azucaradas, es el principal responsable de desperdiciar el agua y sobreexplotar los acuíferos.
La especialista también sostiene que la distribución inequitativa de este recurso favorece la mala utilización de este. Un ejemplo, subraya, son los contrastes entre habitantes de las colonias con mayor plusvalía y quienes viven en las zonas marginadas de la ciudad.
Concesiones
Aunado a lo anterior, López Corral considera que México, Puebla incluida, carece de total transparencia en el otorgamiento de concesiones a particulares para el aprovechamiento de las aguas que por ley le pertenecen a la nación.
La académica de la Ibero Puebla argumenta que, desde hace varios años, diversas administraciones federales han “otorgado permisos y concesiones de manera alarmante”. Asegura que, a través de estas licencias emitidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se ha dado permisividad a muchas empresas transnacionales para provocar daños a las cuencas del país.
En el caso de algunas refresqueras, remarca López Corral, se consumen altas cantidades de aguas subterráneas, pero el pago o retribución por el uso de este recurso no es igual que las afectaciones ecológicas de los acuíferos. En muchas otras ocasiones, señala, se mal utiliza este recurso.
Esto se debe a que el mecanismo de otorgamiento y vigilancia de concesiones hídricas en el país enfrenta varias carencias, como la falta de transparencia, entre otras.
“Se requiere mucho trabajo de todos los actores, del Estado principalmente, con la regulación, para que pueda hacerse un mayor control en cuanto a concesiones (...) y para que haya un acceso pleno, primero para la ciudadanía, para garantizar la información; segundo, para que pueda administrarse de una manera menos compleja el agua en los territorios, porque es muy compleja la gestión y la administración del agua”, agrega.
Policía del Agua en Puebla
Según Sánchez Ruiz, miembro del cuerpo académico de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UPAEP, el contexto de la entidad poblana, donde no solo se gasta indiscriminadamente el agua y también se hurta en ocasiones, demanda la instauración de una nueva institución con capacidad de vigilar y sancionar cuando se despilfarre este recurso.
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El académico parte del hecho de que, si bien el desperdicio está tipificado en el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, particularmente en la fracción décimo-octava, en muchas ocasiones no se hace cumplir dicha normatividad.
Por si ello fuera poco, remarca que ese mismo estatuto especifica en su artículo 120 que las sanciones por gastar de forma indiscriminada el agua puede ocasionar a los responsables multas de entre mil 560 a 6 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), o bien entre 169 mil 369 y 705 mil 705 pesos.
Afirma que, porque Conagua y los organismos locales de administración de servicios hídricos carecen de la capacidad técnica y humana para vigilar el cumplimiento de esta ley, muchas veces esta actividad ilícita se perpetúa impune.
Ante ese contexto, Sánchez Ruiz considera que Puebla requiere una corporación que a nivel local tenga la capacidad jurídica para analizar que no se desperdicie el agua y que, conforme a Derecho, emita las sanciones correspondientes cuando se quebrante la ley.
El investigador argumenta que muchas veces el recurso se usa erróneamente porque hay desconocimiento sobre el tema, o no se pueden usar más eficientemente.
Por ese motivo, propone que esta nueva institución, que concibe como “Policía del Agua”, requiere salir al espacio público a verificar que los usuarios, tanto domésticos como industriales, no malgasten este elemento, que no existan fugas, o bien para inhibir el huachicoleo de agua. Su función debe ser la concientización sobre el cuidado del agua, pero también la identificación de amenazas contra su conservación.
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El académico remarca que una corporación de este tipo es respuesta directa a la sobreexplotación de las fuentes hídricas en Puebla. Sin embargo, destaca que esta modalidad no es nueva, pues ya ha sido adoptada por los gobiernos de Los Ángeles, California, Estados Unidos; y del estado de Hidalgo, en México, por mencionar algunos casos.
“Es imperativo generar una cultura de cuidado del agua, pero también debemos contar con una autoridad que esté vigilando de manera constante la red de suministro, sus afectaciones [y saqueos]”, explica.
Vale la pena señalar que, en el ámbito local, la Ley de Aguas del Estado fija en su artículo 128 que permitir fugas y desperdiciar este recurso es constitutivo de una falta administrativa que puede ocasionar multas de entre “20 a 500 días de salario mínimo diario”.
Según la normativa, las autoridades responsables de vigilar y sancionar la incorrecta utilización del agua son los ayuntamientos, los organismos operadores y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue).
Urgente reformar ley federal
López Corral sostiene que contener los abusos de la sobreexplotación de los acuíferos, para actividades lícitas e ilegales, es un reto mayúsculo que aplazó el Poder Legislativo federal. Sostiene que la única forma de hacer frente al desperdicio del agua es modificar la normativa actual en la materia, que se aprobó en 1992 y dejó de estar actualizada desde hace mucho.
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La académica de la Ibero Puebla destaca que, desde hace al menos una década, ciudadanos y científicos mexicanos buscan reformar la Ley General de Aguas, para derogar la Ley Nacional de Aguas, para blindar la conservación de este recurso a nivel federal y evitar prácticas irregulares a costa del medio ambiente.
Entre las principales propuestas que realizan diversos colectivos de todo el país, y con las cuales coincide López Corral, se encuentran garantizar el derecho humano al agua de las presentes y futuras generaciones, descentralizar la toma de decisiones, restaurar los cauces naturales de las cuencas mediante infraestructura social que favorezca la distribución del recurso, garantizar recursos para proyectos locales de saneamiento, racionalizar equitativamente el agua a todos los usuarios, establecer tarifas reguladas, etcétera.
Finalmente, la académica de la Ibero Puebla explica que la propuesta de reforma nacional contempla la instauración de una figura de control de este recurso llamada Contraloría Social del Agua, que, en vez de ser una corporación del Estado, sea un instrumento ciudadano.