Una presunta filtración de información desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, sobre los perfiles involucrados en los hechos violentos suscitados a las afueras del centro de vacunación infantil, fue lo que acusó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
“Puede ser que la persona (…) no sea aquel al que se han referido los medios. Esa información la tienen, al parecer, de una una filtración que hace la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, tengan cuidado”, apuntó.
Lo anterior tuvo lugar después de que el mandatario señaló que la identidad de la persona a la que fue dirigido el ataque, puede no ser la misma que fue difundida en medios de información.
En conferencia de prensa, reiteró que “pronto se sabrá” quiénes fueron los funcionarios que supuestamente, validaron la información sobre las personas involucradas en la agresión a las afueras del Centro de Salud Francisco I. Madero el pasado martes 28 de junio, lugar en el que se desarrollaba la primera jornada de inoculación contra SARS-CoV-2 a menores de 5 a 11 años.
Señaló que, en algunos casos, son las autoridades de los tres niveles de gobierno quienes proceden a filtrar la información, únicamente para “estar metidos en el tema”. “Tenemos que ser más cuidadosos y responsables en filtrar [datos]”, agregó.
EVALUARÁ MODIFICAR LEYES ORGÁNICAS MUNICIPALES PARA EVITAR COMPLICIDADES
A propósito, el gobernador Barbosa Huerta subrayó que evaluará, desde la Consejería Jurídica al servicio del Estado poblano, la posibilidad de proponer una modificación a las leyes orgánicas municipales, específicamente en el rubro de confianza en las corporaciones policiales, para evitar que las mismas sean cómplices de la delincuencia.
Hizo hincapié en que esta propuesta iría más allá de la implementación de exámenes de control y confianza a los uniformados, pues ésta se enfocaría en fijar lineamientos de capacitación para que los ayuntamientos puedan certificar de forma obligatoria a los elementos.
Resaltó que la propuesta se hará a fin de no invadir la autonomía regulatoria que poseen los gobiernos municipales, pues reconoció que la misma debe hacerse mediante el proceso legislativo.
Finalmente, recalcó que los hechos violentos ocurridos en las inmediaciones de ese centro de inoculación, en el que resultaron lesionadas cuatro personas, están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).