Por haber realizado prácticas de opacidad, como ignorar solicitudes de información y emitir respuestas fuera de los plazos legales, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaipue) ordenó procesos administrativos contra funcionarios municipales de Amozoc, Coxcatlán, Eloxochitlán y Yaonáhuac.
En su última sesión ordinaria, el órgano garante pidió a los órganos internos de control de al menos cuatro municipios investigar las razones por las cuales sus funcionarios infringieron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal. Lo anterior, debido a que ninguno de ellos respetó los tiempos establecidos para contestar una solicitud de datos.
En ese sentido, se informó que los ayuntamientos de Amozoc y Yaonáhuac, que son gobernados por Mario de la Rosa Romero (Morena) y Elías Lozada Ortega (Nueva Alianza), respectivamente, ocultaron datos sobre proveedores de servicios y contratos pagados con recursos públicos.
Al primero le ordenaron dar a conocer el listado de contratistas que ofrecen sus servicios al ayuntamiento, además de diversos datos relacionados a los requisitos para incluirse en el padrón de proveedores del gobierno.
Por otra parte, al gobierno del edil Lozada Ortega el Itaipue le pidió dar a conocer los documentos públicos que acrediten la construcción de una obra pagada con dinero del erario municipal.
Luego, al ayuntamiento de Eloxochitlán, que es encabezado por Delfino Hernández Hernández, emanado del Partido del Trabajo (PT), le ordenaron hacer pública su relación de salarios pagados durante el primer trimestre de 2023.
Al gobierno de Coxcatlán, cuyo edil es Camerino Montalvo Montiel, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), le pidieron compartir una respuesta clara y contundente a una solicitud donde se reclamó conocer expedientes de la Contraloría Municipal.
Finalmente, y en otro orden de ideas, el municipio de Honey, que es gobernado por Teodicio Cercas Franco, ocultó el monto gastado en vehículos a cargo del erario local, razón por la cual debe informar a la opinión pública el destino de los recursos, según resolvió el Itaipue.