Al menos dos denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el diputado local del PRI, Nibardo Hernández Sánchez, por presuntamente defraudar a presidentes municipales y empresarios de la región mixteca, a quienes solicitó 100 mil pesos para gestionar obra pública para piso digno, domos escolares y pavimentación.
La firma Montalvo y Terrones, a cargo de los abogados Oscar Sánchez Terrones y Gilberto Vladimir Montalvo González, lleva el caso de las dos carpetas de investigación iniciadas contra el priista por el delito de fraude a funcionarios de Acatlán y Tulcingo de Valle.
Aunque trascendió que Hernández había estafado a 16 de 38 presidentes municipales que integran el distrito 23 con cabecera en Acatlán de Osorio, del que es representante ante el Congreso del Estado, solo dos de los agraviados presentaron denuncia y a uno de ellos devolvió la mitad del dinero, es decir 50 mil pesos, por lo que desistió de la querella para que el Ministerio Público no ejerza la acción penal y se extinga la carpeta de investigación.
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Una de las víctimas que pidió la gracia del anonimato por temor a represalias dijo que el legislador de origen antorchista no solo solicitó “diezmo” a presidentes municipales, sino también a dueños de constructoras y directores de obra, sin embargo no cumplió con gestionar las obras públicas y dejó de responder las llamadas de los defraudados.
Días después su secretario particular dijo que Hernández ya no tenía dinero y que ya no contestaría el teléfono, además que ya estaba en la recta final de su cargo.
Otro de los argumentos del priista fue que el recurso solicitado se había destinado a la compra de insumos para atender la contingencia sanitaria por Covid-19.
“A algunos les dijo que ese dinero se había empleado para la atención de la pandemia y a otros cínicamente les dijo que si se podía salía la obra y si no esa inversión ya estaba perdida, lo que les había pedido. Las denuncias están en curso”, dijo la víctima.
Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público fueron atraídas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Este medio de comunicación solicitó una entrevista con el diputado del PRI para conocer su opinión respecto a los señalamientos, pero aunque personal de su oficina en el Congreso del Estado dijo que lo buscaría para enlazar la llamada, finalmente no hubo respuesta.
