Ante los conflictos sindicales y los enfrentamientos entre trabajadores por la disputa de la dirigencia, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, declaró que se procederá en contra de los empleados que no cumplan con su función pública.
Aunque no especificó cómo será la sanción, declaró que estará basada en lo que marca la ley, pero sin violentar sus derechos laborales.
“Lo que corresponda dentro de la ley y de la propia dinámica laboral, siempre, pero sin violentar los derechos laborales, pero tampoco permitir ninguna forma de violencia”, declaró.
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También, dejó en claro que cada empleado se debe a los servicios de la ciudadanía y es a ellos a quienes se les tiene que dar resultados.
Este miércoles, en medio de jaloneos y discusiones verbales, los sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla encararon a su líder sindical Gonzalo Juárez para exigirle que rinda cuentas sobre las cuotas y realice una asamblea.
Al final de la discusión se determinó que la asamblea se realice este viernes a las 12 horas y se prevé que en asuntos generales el grupo opositor de Gonzalo Juárez solicite su destitución, así como una elección extraordinaria para elegir a su nuevo líder.
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“SOLO ACOMPAÑO EN TEMA DE AMBULANTES”
Por otra parte, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dijo que ella solo realiza una labor de acompañamiento al tema del reordenamiento a ambulantes ya que lo atiende el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo.
Lo anterior después de que fuera cuestionada sobre las pasadas declaraciones que hizo sobre el convenio de 2019 de vendedores ambulantes con la administración de Luis Banck Serrato para instalarse en la temporada vacacional navideña y que finalmente resultó ser solo un compromiso verbal que quiso respetar esta administración.
“Yo he mencionado que encontramos recibos de la administración pasada y quien tiene que dar la precisión (yo), le acompañó en este tema es el secretario de Gobernación, sin embargo, estamos enfocados en la estrategia para atender el tema de ambulantaje”, dijo al reiterar que para su administración es un conflicto “difícil de atender”.