A partir de este mes, ningún precandidato o candidato a cualquier cargo de elección popular podrá ser invitado a eventos donde se realice la entrega de apoyos u obras de jurisdicción estatal, pues el Gobierno de Puebla emitió un nuevo protocolo en el que limita y sanciona, además, la participación de funcionarios en eventos proselitistas, así como la utilización de recursos públicos para fines políticos.
Luego de que se aprobara el Protocolo Estatal de Blindaje Electoral (PEBE) 2024, el pasado viernes 9 de febrero, el cual fue elaborado por las secretarías de Gobernación (Segob) y la Función Pública (SFP), se dieron a conocer las restricciones que estarán vigentes para las y los trabajadores del Estado poblano durante el proceso electoral que actualmente acontece en la entidad.
Con ello, se estableció que “no podrá haber presencia de precandidatos o candidatos en la entrega de apoyos”. Lo anterior debido a que durante los próximos meses continuará la aplicación de políticas públicas de bienestar social, además de la construcción de obras. Por lo tanto, está prohibido invitar a los aspirantes a cargos de elección popular en Puebla a dichas actividades.
Además, “no se podrán utilizar los programas públicos para promocionar a precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones”. En ese mismo sentido, está prohibido realizar gestiones de inscripción y entrega de apoyos en espacios físicos con propaganda o mensajes a favor de un proyecto partidista.
También se precisó que todas las políticas sociales que impliquen la entrega de artículos deberán contener la siguiente información: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.
Por otra parte, el gobierno estatal detalló que cualquier funcionario tiene el derecho a asistir a eventos proselitistas, siempre y cuando no sea en horario laboral. No obstante, indicó que los trabajadores gubernamentales que se hagan presentes en este tipo de actos deberán limitarse a mantener posiciones corporales neutrales.
“La sola asistencia de servidores públicos a actos de proselitismo en días inhábiles no está restringida en la ley, sin embargo, la participación activa mediante la realización de movimientos corporales que en forma inequívoca se tradujeran en un apoyo explícito a favor de precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones, es violatoria a la normativa electoral”, indicó el PEBE.
Aunado a lo anterior, se estableció que los recursos materiales y financieros del Estado poblano no pueden emplearse para favorecer de ninguna manera a algún candidato o precandidato a puestos de elección popular durante el proceso electoral.
Estas prohibiciones abarcan desde máquinas fotocopiadoras hasta vehículos y combustibles, además de recursos digitales, como correos electrónicos o foros internos; tampoco se permitirá el uso de inmuebles institucionales para la promoción de mensajes políticos o electorales.
El documento también precisó que ningún servidor público puede ser obligado a acudir a eventos proselitistas, dentro o fuera del horario laboral. Tampoco es posible realizar aportaciones o donativos a proyectos políticos encaminados a promover el voto hacia un aspirante o movimiento partidista.
Además, tal como marca la normativa electoral vigente en el país, se indicó que los vehículos oficiales dejarán de circular antes de la jornada electoral, es decir, desde el 30 de mayo y hasta el 4 de julio. Sólo las unidades que brindan servicios de emergencia podrán funcionar con normalidad.
Es importante mencionar que, aunque la elección será el próximo 2 de junio, el protocolo aprobado por el gobierno estatal estará vigente durante todo el proceso electoral, es decir, en todas las etapas.
Finalmente, aunque el PEBE no mencionó sanciones en específico por el incumplimiento de dichas medidas, se precisó que la violación de las mismas puede transgredir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado. Por ello, en caso de transgredir el protocolo, los funcionarios responsables pueden hacerse acreedores de penas administrativas.
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