Tras más de dos décadas de existencia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaipue) desaparecerá en los próximos meses, en caso de que se apruebe a nivel estatal la reforma constitucional que desaparecerá diversos organismos autónomos en México, dejando al estado sin un órgano garante en la materia.
Shanik Amira David George, maestra en Derechos Humanos y responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos (OCLOA) de la Universidad Iberoamericana Puebla, considera que la iniciativa planteada por el bloque oficialista en la Cámara baja es preocupante, pues carece de información sobre los cambios que tendrá la salvaguarda del derecho a la información y protección de datos personales en Puebla y México.
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Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó esta semana la iniciativa para modificar diversos artículos de la Carta Magna, entre ellos el sexto, que habla del acceso a la información pública, se vislumbró, mediante su cuarto transitorio, que se pretende también desaparecer los órganos garantes locales.
De acuerdo con la iniciativa, publicada en la gaceta parlamentaria, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) se acompañará igualmente de la disipación de su organismo homólogo en Puebla y en las 31 entidades federativas restantes.
Destino de la transparencia en Puebla es incierto
Para David George, investigadora de la Ibero Puebla, la desaparición del Itaipue constituye un nuevo obstáculo para la población y su derecho a la información. Según la académica, el órgano garante poblano de por sí ya enfrenta la saturación de proyectos, disminución presupuestaria y, hasta hace poco, el debilitamiento de su Pleno.
Con la extinción del organismo, los esfuerzos para hacer más transparente el ejercicio público enfrentarán nuevos retos en Puebla, debido a que ello frustra los intentos para fortalecer al árbitro que vigila y sanciona a los sujetos obligados opacos en el estado, enfatiza la experta.
“El Itaipue ha estado pasando por una situación complicada en los últimos años (...) y eso empezó a debilitar un poco su actuación; y luego la sobrecarga de trabajo que ha tenido en los últimos años ha hecho que las resoluciones de los recursos de revisión sean bastante lentas. El Itaipue ha estado en una situación compleja y se pierde la oportunidad de impulsar un fortalecimiento de este organismo. Si de por sí ya era complejo, ahora lo será más”, sostiene.
Además, David George señala que se constituye un riesgo a la protección de datos personales, pues se desconoce qué instituciones absorberán las responsabilidades que hoy tiene en el Itaipue en la materia.
“Son instituciones que protegen derechos humanos, como el acceso a la información y protección de datos personales”, enfatiza la catedrática de la Ibero Puebla.
Hasta este momento, el órgano garante funge como intermediario entre instituciones y ciudadanos para mediar controversias relacionadas al cuidado de la información de las personas, tal es el caso de datos médicos, de identidad, domicilios, entre otros. No obstante, en caso de que el organismo desaparezca, se desconoce lo que procederá en dichos casos.
Hasta el momento no se ha definido si será el Poder Ejecutivo local o algún otro organismo el que regule la transparencia de los casi 300 sujetos obligados en Puebla, lo cual obliga a pensar que serán las autoridades, entre ellas dependencias y ayuntamientos, las que se autorregulen.
“Es preocupante, porque se ve el tema como un ahorro de recursos o se considera una institución cara, pero el Itaipue tiene un presupuesto bastante bajo, comparado con otros organismos autónomos de la entidad”, argumenta la experta.
Según David George, la ausencia de un árbitro dejará varias lagunas legales, pues los gobiernos e instituciones interpretarán la ley a su modo, lo que ocasionará posibles trabas y obstáculos para quienes soliciten información. Actualmente es el INAI quien, mediante un órgano colegiado en el que participan representantes de las 32 entidades federativas, define criterios unificados.
Esto sin contar que hasta el momento la reforma constitucional no detalla cómo será el proceso de publicación de datos públicos. Solamente se sabe que los órganos de control de cada dependencia asumirán las labores de transparencia, lo que lleva a asumir que las autoridades serán quienes deben evaluar su propio cumplimiento de las obligaciones.
“La ley no es clara, entonces, van a ser juez y parte. ¿Ahora quién va a defendernos? (...) Es una reforma estructural que no se pensó”, remarca la investigadora.
Aunado a ello, David George remarca que muchos de los ayuntamientos, por ejemplo, enfrentan problemas para brindar a la población servicios públicos, lo que pone en duda su capacidad para resolver por su cuenta los requerimientos de información de la población.
Se prevé desaparición en próximos meses
Según la iniciativa aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, el Congreso de Puebla tendrá un plazo máximo de 90 días naturales, después de la aprobación de la reforma a nivel federal, para armonizar su marco normativo, en este caso la Ley estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para oficializar la extinción del órgano garante local.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó a medios de comunicación que la discusión de la reforma para desaparecer diversos órganos autónomos ocurrirá ante el Pleno legislativo la próxima semana.
Dicho lo anterior, en caso de que el bloque oficialista en el parlamento nacional, que además de ser el precursor de la reforma posee la mayoría de representantes, apruebe las modificaciones a la ley este mes, es posible que el Congreso de Puebla –donde también la bancada oficialista acapara la mayoría– discuta la iniciativa y haga lo propio entre noviembre y febrero de 2025.
De acuerdo con la maestra en Derechos Humanos, es posible que al Itaipue le aguarden al menos unos seis meses de existencia, tomando en cuenta que los procesos legislativos, tanto a nivel federal como estatal, se resuelvan sin prisas y se respeten los tiempos constitucionales.
“Es algo bastante preocupante. Viendo los transitorios del dictamen, tenemos por lo menos, si todo sale bien, unos seis meses”, apunta David George.
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El Itaipue, como actualmente se conoce, se formó tras la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla. No obstante, su historia se remonta a 2004, cuando se formalizó la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla (CAIP), que fue un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo para dirigir las acciones en la materia.