El gobierno estatal presentó seis denuncias, dos de ellas de tipo penal, por la inversión fallida de 6 mil 600 millones de pesos realizada durante la gestión del ex gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, en el banco Accendo, informó el Secretario de la Función Pública (SFP), Juan Carlos Moreno Valle Abdalá.
En conferencia de prensa, detalló que las denuncias penales fueron contra ex servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, responsable de realizar la inversión en la institución bancaria que se había reportado en banca rota, aunque evitó precisar los nombres argumentando respeto a los procedimientos de ley.
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“No puedo precisar nombres debido a que se sigue el procedimiento contra ellos, ya se agotaron las etapas de comparecencias y presentaron sus pruebas. Se determinó integrar el informe y emitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa, en donde seguirá su propio cauce”, expuso.
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Moreno Valle se limitó a indicar que ambos ex funcionarios son señalados por los delitos de desvío de recursos y abuso de funciones, según se determinó en la investigación sobre el caso, concluida en octubre pasado, además de que están plenamente ubicados porque estuvieron compareciendo ante la autoridad.
El titular de la Secretaría de la Función Pública detalló que el último informe trimestral emitido sobre el caso Accendo reflejó que ambas denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República y la de Anticorrupción en el Estado de Puebla, ya que son contra ex servidores públicos y la propia institución bancaria.
Asimismo, destacó que las cuatro denuncias restantes son relacionadas a responsabilidades administrativas, de los cuales dos fueron presentadas el año pasado cuando se dio a conocer el desfalco y las otras dos durante el año en curso, aunque todavía se está analizando si son por las mismas causas o ameritan el inicio nuevas líneas de investigación.
Sancionaron a 27 servidores públicos
El titular de la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que en los últimos dos años se emitieron 27 resoluciones sancionatorias contra funcionarios, de las cuales 2 fueron amonestaciones, 15 suspensiones, 8 destituciones con inhabilitación y 2 inhabilitaciones.
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Agregó que al asumir el cargo heredó aproximadamente 600 expedientes de quejas contra servidores públicos, sin embargo, la atención a dicho rezago permitió disminuir la cifra a 230, que deberán tener seguimiento en el próximo gobierno estatal.
“Dejamos al rededor de 230 que seguirán su proceso, no quiere decir que esos signifiquen un informe de presunta responsabilidad pero se quedan pendientes”, concluyó.
